• EN YPFB • Julio Gavito junto al presidente de la petrolera boliviana, Jorge Alvarado, el 13 de febrero del 2006, en La Paz.

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Un comunicado de Repsol YPF señala que Gavito renunció a sus cargos por decisión personal, durante el directorio realizado ayer en la ciudad de Santa Cruz, aunque aclaró que permanecerá en el país y ligado a las empresas para defenderse. Por su lado, la petrolera ratificó su confianza a Gavito y a Pedro Sánchez, el otro ejecutivo incluido en la sindicación, aunque él se mantiene en sus funciones.

“He decidido dar un paso al costado en mi carrera profesional para dedicar parte de mi tiempo a la defensa del accionar de la empresa y de mis colaboradores, en la certeza de que las acusaciones resultan absolutamente infundadas. Estoy convencido de que, más allá de las vicisitudes que he debido sobrellevar en este penoso e injusto trámite, la verdad saldrá a la luz y se podrá demostrar nuestra inocencia”, sostuvo Gavito.

Tras esta renuncia, Luis García Sánchez fue designado en el cargo de Country Manager para las operaciones de Repsol YPF en Bolivia, agrega el comunicado.

El fiscal que investiga el presunto contrabando y supuesta falsificación, José Centenaro, señaló anoche que Gavito deberá permanecer en el país porque aún se mantiene su arraigo. Aclaró que la acusación que pesa sobre el ahora ex ejecutivo de las petroleras es de carácter personal, al ser de orden penal. Agregó que la empresa tampoco se libra del caso, porque está encargada de reponer los daños civiles.

La denuncia de contrabando de 320.000 barriles de petróleo surgió el año pasado y el proceso siguió su curso. El martes de la anterior semana, Gavito y Sánchez se presentaron voluntariamente ante la Fiscalía para declarar en este caso, luego de que fue emitido un mandamiento de aprehensión contra ambos. Centenaro explicó que el Ministerio Público tiene un plazo de seis meses, dentro de la fase preparatoria, para alistar las pruebas de la acusación.

Por su lado, la empresa Repsol YPF señaló que “mantiene la decisión de continuar con todas sus operaciones en Bolivia, en un clima de seguridad jurídica y de reglas claras y estables que permitan enfrentar los grandes desafíos energéticos que se plantean para potenciar el desarrollo económico y social del país”, según sostiene el comunicado difundido por esa petrolera.