Otra vez a las urnas
María Teresa Zegada*

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En pocos meses más concurriremos nuevamente a las urnas, la quinta vez desde el 2002 o sea más de una por año en los últimos cuatro años, y la séptima si consideramos que en estas dos últimas se unieron dos en cada evento (presidentes y prefectos, y constituyentes además de referéndum). Si bien estos frecuentes ejercicios electorales pueden percibirse como un entusiasta ejercicio democrático, lo cierto es que, varios de ellos han sido forzados para permitir la descompresión de importantes conflictos sociales que parecían inviabilizar una salida institucional al país.

La votación, o más propiamente, la selección de autoridades mediante las urnas así como las decisiones producto de consultas populares, teóricamente le otorgan gran legitimidad a sus resultados porque son producto de la voluntad soberana del pueblo y porque están sostenidas por procedimientos institucionales; por ello adquieren tanta importancia las normas electorales que definen el sistema y procesamiento de la votación y las características con que se plantean las consultas. Justamente, son las reglas de juego, conocidas y aceptadas por todos, las que diferencian un régimen político democrático de cualquier otro en que las decisiones se asumen de manera vertical y arbitraria desde el poder, y luego son impuestas a la sociedad a cualquier precio. Ese es el sentido de la preservación de la institucionalidad y la democracia, más allá de sus virtudes e inclusive, de sus grandes defectos.

Es necesario que la población conozca exactamente qué está eligiendo o decidiendo con su voto, es decir, para qué es convocado a las urnas y además, sepa a ciencia cierta que los resultados de la votación serán respetados y acatados por las autoridades. En ese sentido, no es muy grato por ejemplo, recordar lo sucedido con los resultados del Referéndum por el gas convocado por el ex presidente Mesa, pues cuando se suponía que debía tener un carácter vinculante inmediato, pasó a manos del Congreso y significó muchos meses de discusión de las diversas propuestas de ley presentadas por los parlamentarios, cual si jamás se hubiera realizado una consulta ciudadana.

Quizás, como se expresó en ese momento, la dificultad estuvo en el momento de traducir las respuestas del Referéndum en una Ley. Pero parece que no aprendemos de nuestras experiencias. La próxima consulta ciudadana sobre las autonomías contiene los mismos problemas del anterior referéndum. ¿Será que está claro para la población el significado de las autonomías? ¿Cuáles van a ser sus alcances? ¿Los actuales prefectos seguirán administrando las autonomías hasta la culminación de su mandato sin una instancia electa de legislación y fiscalización? ¿Cuánto de esta pregunta puede replantearse en la Constituyente, que también es un acto soberano del pueblo? ¿Qué pasará con los departamentos que no tengan mayoría para convertirse en autónomos, estarán en peores condiciones que los autónomos? Demasiadas dudas y ambigüedades que luego serán objeto de “interpretaciones” por parte de los constituyentes y de las actuales autoridades departamentales. Más complejo aún es el panorama respecto de la elección de los constituyentes. Por estas razones, y para no desgastar estos mecanismos democráticos se requiere al menos claridad en los objetivos, verificabilidad y respeto por el voto ciudadano.

*María Teresa Zegada
es socióloga.