• CASO LAB • Una funcionaria del Lloyd Aéreo Boliviano atiende a uno de los pocos clientes que se acercan en estos días a sus oficinas. Este caso provocó la denuncia de Morales contra el TC.

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La acusación que el anterior lunes hizo el presidente Evo Morales contra el Tribunal Constitucional (TC), sobre la presunta recepción de sobornos en el caso del LAB, derivó ayer en un conflicto de poderes.

La Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, aprobó una declaración mediante la que rechaza ´de manera terminante y enfática´ la ´afrenta´ del Jefe de Estado y demanda la presentación de pruebas de sus acusaciones.

Ya el martes, el vocero de Palacio, Alex Contreras, reconoció que ´no tenemos pruebas´ de las denuncias, aunque inmediatamente apuntó que el TC, ´como otras instancias judiciales, son parte de un cuoteo político de los partidos tradicionales´.

Ayer, en Sucre, el presidente de la Corte Suprema, Héctor Sandóval, leyó la declaración en la que los magistrados expresan su respaldo al TC y exigen la presentación de pruebas al Gobierno o una retractación pública.

La Suprema interpretó las palabras del Presidente como una ´afrenta al accionar de otro poder del Estado, dañando su imagen, honor y dignidad y el respeto a la independencia de poderes, como principal fundamento del sistema democrático´.

´Consideramos que las expresiones vertidas constituyen una injerencia directa a la independencia y autonomía del Poder Judicial, ponen en riesgo inminente el equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado y el sistema social y democrático de derecho´, señala el documento.

Añade que las declaraciones realizadas por Morales ´constituyen una forma de amedrentamiento, pretendiendo imponer una voluntad omnímoda´.

Los magistrados expresan también que el incidente ´daña la imagen del Poder Judicial de la República, actual sustento de la democracia´, y que a raíz de ello se ha provocado un descrédito nacional e internacional.

En la lectura del comunicado estuvieron presentes los magistrados del Tribunal Constitucional, quienes el martes también habían rechazado las expresiones vertidas por el Jefe de Estado con relación al caso del LAB.

El Tribunal Constitucional emplazó al Presidente a presentar pruebas sobre el supuesto soborno del ejecutivo del LAB a favor de los magistrados, y algunos de ellos advirtieron que de no recibir una satisfacción pública, acudirían al Tribunal Internacional de Derechos Humanos con sede en Costa Rica.

´No voy a permitir que nadie, llámese Evo Morales o Perico de los Palotes, vaya a mellar mi dignidad; emplazo al Presidente a que me compruebe (que recibí soborno), o caso contrario dé una satisfacción pública´, dijo el martes la magistrada del TC, Silvia Salame.

Anunció, además, que acudiría al Tribunal de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, en caso de que el Mandatario no se pronuncie sobre el particular.

A nombre del Ejecutivo, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, ofreció una conferencia de prensa en el Palacio para señalar que el Ejecutivo mantiene sus ´serias observaciones´ contra el TC y dijo que los magistrados pueden presentar su caso en tribunales internacionales, pero no presentó pruebas de la denuncia presidencial.

“No es la primera vez que un fallo del Tribunal Constitucional nos somete a conflictos… por muy poco naufragan las elecciones generales por un fallo del Tribunal. Hemos manifestado más de una vez nuestros cuestionamientos a los fallos del Tribunal”, sostuvo.

Hasta la fecha, el Gobierno tampoco presentó pruebas de un supuesto complot —denunciado también por Morales— contra la actual administración.

“Las expresiones vertidas constituyen una injerencia directa a la independencia y autonomía del Poder Judicial”, Corte Suprema.