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Mientras el Gobierno Nacional y la Prefectura regional se acusan mutuamente por la falta de reacción para enfrentar el problema, la crisis energética que soporta Tarija debido a la rotura de tres ductos en la zona de Villamontes ya mermó las exportaciones de gas a Brasil y amenaza con afectar también a Argentina.

El 70% de la población tarijeña pasa gran parte del día sin energía eléctrica, el 30% sin agua, mientras que el gas ha dejado de fluir por las redes. Hasta el fin de semana se podría quedar sin carburantes y gas licuado, informó el secretario general de la Prefectura chapaca, Arturo Lema.

El Gobierno Nacional considera que éste es un problema regional y que, por lo tanto, debe resolverlo la Prefectura tarijeña.

Todo lo contrario opina Lema, para quien este tema dejó de ser regional. “El conflicto ha rebasado la capacidad departamental, porque nosotros no podemos ordenar a las Fuerzas Armadas el resguardo de los campos de gas o para garantizar la transitabilidad libre en los caminos”.

El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, dijo ayer, tres días más tarde del siniestro: “Lamentamos que el conflicto no haya podido ser solucionado con anticipación (...). De prolongarse, nos preocuparía. Y por supuesto, el Gobierno Nacional ofrece su mediación a los cívicos y a la Prefectura, de no lograr solucionar en el día”.

La autoridad se refirió de esa manera al bloqueo de caminos de los pobladores de las provincias Gran Chaco y O\'Connor, una medida que hoy cumple siete días. Sin embargo, por la noche, se conoció que el prefecto Mario Cossío había logrado un acuerdo con los dirigentes de O’Connor. Ambas partes reclaman la propiedad del campo Margarita, el mayor reservorio de gas con 13 Trillones de Pies Cúbicos (TCF).

La posición del Gran Chaco no ha variado e incluye la anulación de una norma que faculta a la Prefectura para firmar acuerdos relacionados con la venta de gas.

Entretanto, se informó que un grupo de técnicos de Petrobras, Transredes y de la CLHB, las tres empresas que trabajaban en la zona para reparar la avería de los ductos, fue expulsado ayer.

La Prefectura de Tarija está en emergencia y pide apoyo para resolver los problemas, reclamó el Secretario General del gobierno departamental. Y expresó su preocupación porque, día tras día, la crisis energética va en aumento.

Las lluvias rompieron un oleoducto, un poliducto y un gasoducto, afectando los flujos de petróleo a Cochabamba y Santa Cruz, de gas a Tarija y la exportación a Brasil y Argentina. Sin embargo, el problema originado con un desastre natural se agudizó con la actitud de los pobladores de dichas provincias.

Luego de intensas negociaciones, los técnicos llegaron hasta el lugar, pero “los movimientos sociales exigieron la paralización de los trabajos, con amenazas de agresión física e incremento de presiones”, informó Transredes.

El superintendente de Hidrocarburos, Mario Lea Plaza, visitará hoy la zona; no descartó que los ductos puedan ser reparados hasta el fin de semana.

     El problema de los límites

Las provincias Gran Chaco y O\' Connor se adjudican la pertenencia del campo gasífero Margarita. Reclaman a la Prefectura de Tarija una delimitación territorial favorable a sus intereses.

Según la norma vigente, esta delimitación debe ser resuelta por la Prefectura. Si luego de la sentencia alguna de las partes no estuviera de acuerdo, puede apelar a una segunda instancia que es el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Y “si aun así queda alguna parte afectada puede ir, en un proceso contencioso administrativo, a la Corte Suprema y finalmente pasar al Congreso Nacional”, explicó el secretario General de la Prefectura de Tarija, Arturo Lema.

Los pobladores en conflicto bloquean la carretera en Villamontes y Yacuiba, pleno chaco tarijeño, desde el pasado fin de semana. La medida de presión impide el tránsito vehicular entre Argentina y Bolivia.

Obras suspendidas

Negociaciones • Luego de intensas negociaciones con los bloqueadores del Chaco, finalmente los equipos de las empresas petroleras llegaron a la zona de los ductos.

Presión • Con el incremento de las presiones y amenazas de agresión física, los movimientos sociales exigieron la paralización de los trabajos de los técnicos que trataban de resolver el problema.

Apoyo • El plan de reparación temporal estaba en marcha y se anticipaba que los servicios se restablecerían el fin de semana. Ante la falta de garantías, las empresas afectadas y otras entidades han solicitado apoyo del Gobierno.