Los bolivianos salen a defender el “trabajo de negro” Casi 3.000 se manifestaron en el barrio porteño de Flores para pedir que no clausuren los talleres. Algunos exigen que el Presidente tome cartas en el asunto. Ya se cerraron 42 fuentes de empleo.
Migrantes • Una familia de bolivianos descansaba ayer en una acera de Buenos Aires, durante una manifestación.
Los gritos y las pancartas de: ´No robar, queremos trabajar´; ´Acá no hay esclavos, hay trabajadores´; ´Queremos precios justos para vivir´ y ´Basta de precios bajos´, volvieron a ser parte ayer de la escena bonaerense, esta vez en el barrio de Flores, donde más de 3.000 bolivianos se reunieron para pedir que no siga la clausura de talleres textiles para que no se afecte sus fuentes de trabajo. Hasta ayer cerraron 42.
Desde la capital argentina AFP informa que los organizadores del mitin negaron que operarios de origen boliviano trabajen en negro (sin que se registre su actividad) y en condiciones de esclavitud forzados por sus connacionales, como lo sostienen autoridades de gobierno y la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.
Las manifestaciones de los bolivianos surgieron luego de que el jefe de gobierno de Buenos Aires, Jorge Telerman, y el ministro de Producción, Enrique Rodríguez, anunciaran la realización de operativos en los talleres para evitar más “prácticas siniestras”.
Esa decisión fue tomada luego de que en uno de los talleres murieran carbonizados seis bolivianos, cuatro niños y dos adultos, de los cuales sólo se identificó a uno. El incendio ocurrió hace una semana en el residencial barrio de Caballito. Ahí se violaban varias normas laborales.
La intención de legalizar y humanizar las condiciones de trabajo en los talleres textiles y la necesidad de trabajo para sobrevivir llegó a enfrentar no sólo a los migrantes, sino a un dirigente laboral argentino con el cónsul de Bolivia en Buenos Aires, álvaro Gonzales Quint. Ambos asistieron ayer a un programa de televisión en esa ciudad y se increparon acusaciones.
El dirigente de apellido Vera defendía las fuentes laborales y el diplomático, la necesidad de humanizar las condiciones y terminar con la explotación, además acusó al dirigente de arrogarse una representación para aprovechar la coyuntura.
Desde Buenos Aires, el director de radio Urkupiña, Ricardo Banjay, dijo que la situación es muy compleja porque hay algunos empleadores que dan condiciones dignas, pero contó que muchas veces llegaron bolivianos hasta su emisora para ofrecer sus servicios. ”Una de las condiciones que ponen es que además de trabajo, les den casa y comida. Mucha gente se aprovecha”.
Banjay recuerda que en una de las últimas inspecciones se encontró que en una habitación vivían siete adultos y varios niños, “a quienes no sé por qué no se los cuenta”. “Lo curioso es que el establecimiento era de un boliviano que tenía en maquinaria un capital superior a los 150 mil dólares”, precisó.
Según cálculos del ministro Rodríguez, difundidos por la agencia EFE, “160 de los 1.600 talleres que emplean a bolivianos son fábricas textiles clandestinas, en las que hay unas 4.000 personas de esa nacionalidad en condiciones de esclavitud”.
Ante esa situación el reclamo crece. ´Evo te necesitamos. ¿Dónde estás? Ahora o nunca´, rezaba un cartel en manos de Gladys, una boliviana de 30 años que reside desde los 18 en Argentina, donde llegó con estudios secundarios aprobados y deseos —frustrados por falta de tiempo— de estudiar comunicación.
El Gobierno hará gestiones
El Gobierno boliviano, a través de la Cancillería, iniciará gestiones tanto para atender a las víctimas del incendio que destapó la explotación laboral en Buenos Aires, como para mejorar la situación de los connacionales en la capital argentina.
El canciller David Choquehuanca anunció que se facilitarán los trámites que deben hacer los migrantes ante el consulado y que se pedirá a las autoridades argentinas que no deporten a bolivianos ilegales.
El vicecanciller Mauricio Dorfler anunció que una comisión viajará el lunes a Buenos Aires para ver de cerca la situación. Desde esa ciudad, la embajada emitió un comunicado en el que niega cobros por trámites y reitera los aranceles establecidos.
Además, el Gobierno se comprometió a atender a las víctimas. Los familiares de uno de los menores que murieron en el incendio pidieron que faciliten la repatriación y la identificación de las otras víctimas.