• CERCA DE LAS PETROLERAS • El presidente Morales y el máximo ejecutivo de Repsol, Antonio Brufau, conversaron en marzo sobre las inversiones de esa empresa en el país.

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El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, informó ayer de un ´periodo de transición´, con una auditoría a cada una de las empresas del sector, para cambiar los actuales contratos petroleros.

“El proceso de transición implica el hecho de que va a haber un lapso de aproximadamente cinco a seis meses, donde se va a tratar caso por caso y empresa por empresa; y obviamente, antes de tratar caso por caso y empresa por empresa, se tiene que hacer auditorías”, afirmó Soliz.

Las auditorías a las petroleras servirán para establecer, entre otras cosas, si efectivamente invirtieron los 3.500 millones de dólares que aseguran haber pagado. “Tienen que demostrar que eso es así; de lo contrario, habrá pues una especie de delito de fraude que va a perjudicar la suscripción de nuevos contratos”, advirtió el ministro.

La autoridad también adelantó que el decreto de la nacionalización “abrirá inmediatamente las auditorías” y definirá otros temas como el de “las refinerías, los ductos y la industrialización”.

El dignatario dejó en claro que luego del periodo de transición, si las compañías petroleras no aceptaran la nacionalización, pueden dejar el país. “Va a haber un tiempo limitado para conversar con ellas y si al cabo de ese tiempo no hay acuerdo, las empresas se van”, indicó.

La otra opción para nacionalizar el gas —según el ministro— sería expulsar a las petroleras, pero este camino no es viable porque Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no está “fuerte”. Además, reconoció que expulsando a estas empresas habría meses de desabastecimiento de gas, gasolina y GLP.

El proceso escogido por el Ejecutivo también implicará un cambio en la Ley de Hidrocarburos. El decreto —que según fuentes fiables saldría este sábado— se emitirá bajo la actual ley (3058), pero algunos artículos podrían ser modificados “para profundizar la nacionalización”, aclaró ayer el ministro Soliz.

Una de las principales promesas electorales del Movimiento al Socialismo (MAS) fue la nacionalización de los hidrocarburos, exigida incluso desde la oposición del anterior Gobierno. El Ejecutivo venía anunciando la emisión del decreto para el efecto, pero ayer cambió su discurso con la novedad de la apertura de un periodo de transición para seguir negociando con las petroleras.

El ministro Soliz y el presidente de YPFB, Jorge Alvarado, se reunieron este martes con el gerente de Petrobras para el Conosur, Decio Odone, y con el asesor de la presidencia de esa empresa en Brasil, Andrés Girar, para negociar los temas energéticos pendientes y futuros, pero principalmente para hablar de la nacionalización del gas.

Después de este encuentro, los representantes de Petrobras se negaron a brindar declaraciones, mientras que Soliz calificó el diálogo como productivo y añadió que se habían ´limado´ varios aspectos. Cuando la reunión todavía no había concluido, el dignatario partió al Senado porque debía dar un informe sobre los contratos petroleros.

Hace dos semanas, el máximo ejecutivo de Petrobras reclamó diálogo al Gobierno boliviano para concertar la nacionalización del gas. Según se adelantó, esta política implicaría que YPFB administre las reservas de gas, algo en lo que la brasileña no está de acuerdo para no ser una mera “empresa de servicios”.

Luego de este impasse, el presidente Evo Morales se reunió en Brasil con el asesor del presidente Luiz Inácio da Silva y acordaron otro encuentro que se concretó ayer en La Paz.

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Andina • El ministro Andrés Soliz anunció ayer que no se considera la nacionalización de la capitalizada petrolera Andina, porque esa empresa tiene una deuda de $us 170 millones con la compañía Univen. “Si nacionalizamos Andina, que vale 120 millones de dólares, vamos a recuperar 120 para pagar una deuda de 170”, dijo. Además, afirmó que se debe enjuiciar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) “por no haber defendido el interés de los bolivianos (en las capitalizadas)”.

El caso • Andina tiene una demanda arbitral planteada por Univen Petroquímica Ltda., ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), por $us 177 millones. En su demanda, Univen alega el supuesto incumplimiento de un contrato de compra-venta de condensado de petróleo que fue suscrito por las partes. Andina considera que la demanda carece de mayor fundamento y que, además, el monto demandado no guarda relación con el contrato y no tiene respaldo.