El TCP tiene una carga ideológica Definido como parte de un nuevo modelo económico, que rechaza el libre comercio y apunta a la integración solidaria de los pueblos, el tratado del Presidente debería ser una alternativa comercial al TLC con EEUU, según los empresarios.
El Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), que plantea el gobierno de Evo Morales en reemplazo del Tratado de Libre Comercio (TLC), está sustentado en un documento que critica al neoliberalismo y defiende la idea del Poder Ejecutivo de la creación de un nuevo modelo económico.
La propuesta fue entregada a los exportadores del país y, en vez de apuntar a la apertura total de mercados, propone discriminarlos, según el documento oficial que desahucia la firma de un TLC con Estados Unidos (EEUU).
“El TLC que Estados Unidos pretende imponer a Bolivia es nada más que la continuación del proyecto de anexión comercial que se llamó Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)”, dice el texto que explica el TCP.
No es ningún secreto que el Gobierno está en contra del TLC con EEUU; pero, la propuesta de Morales dejó en los exportadores un sabor a poco, según la Cámara de Exportadores de La Paz.
Para los empresarios, el TCP es una posición ideológica que no les muestra alternativas para el mercado norteamericano, al que exportan sus manufacturas y cuyas preferencias arancelarias concluyen en diciembre.
El TCP, según dicho documento, ´introduce en el debate sobre la integración comercial la cooperación, la solidaridad, la reciprocidad, la prosperidad y el respeto a la soberanía de los pueblos”. Entiende al comercio y la inversión no como fines en sí mismos, sino como medios del desarrollo.
El plan deja en claro su rechazo a la ´liberalización absoluta de los mercados y el achicamiento de los estados´. Menciona el objetivo de ´mejorar las condiciones de vida´ y ´promover un desarrollo sostenible, equitativo, igualitario y democrático´.
El TCP tiene diez principios, en los que aparece el componente ideológico del Gobierno, declarando su oposición al neoliberalismo y su idea de un ´modelo de integración comercial entre los pueblos que limite y regule los derechos de los inversionistas extranjeros y las transnacionales para que estén en función del desarrollo productivo de nuestra nación´.
El reclamo de los empresarios quizá se explique en el hecho de que el TCP, de acuerdo con sus postulados, no sólo se limita a lo económico y comercial, sino que pretende alcanzar una ´verdadera integración´ que trascienda esos campos. Habla de una ´filosofía´ en pos del ´desarrollo endógeno justo y sustentable en base a principios comunitarios´.
Fija una posición sobre los servicios básicos y dice que éstos deben estar en manos de empresas públicas. También establece que las empresas nacionales deben ser las proveedoras exclusivas de los entes públicos y que se debe proteger las áreas del mercado interno que se consideren necesarias.
A la Cámara de Exportadores de La Paz le preocupa que el Gobierno, con su TCP, se explaye en postulados generales, sin explicar cómo se reemplazarían los puntos concretos de un TLC. Los empresarios dicen que el vicepresidente Álvaro García Linera había asegurado que la apertura de mercados se iba a “manejar con números y no de manera ideológica”.
Para los privados, en el tema de las exportaciones a EEUU se debería analizar los beneficios de la apertura de mercados que favorecieron a Bolivia desde 1991, primero con el ATPA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas) y después con el ATPDEA (ampliación del otro; vence a fin de año).
Según el Gobierno, el TLC protege a la inversión privada y acaba con la protección laboral y medioambiental. Dice que los pequeños productores, especialmente del campo, quebrarían.
“El Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) es parte de un nuevo modelo destinado a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos”.
Puntos claves del TCP del Gobierno
Principio • El Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) entiende al comercio y la inversión no como fines en sí mismos, sino como medios del desarrollo.
Servicios • Señala que los servicios vitales dependen de empresas públicas como proveedoras exclusivas, reguladas por los estados. Al negociar acuerdos de integración, considerar que muchos de los servicios básicos son ´bienes públicos que no pueden ser entregados al mercado´.
Competencia • Postula la ´complementariedad frente a la competencia´; la ´defensa de la propiedad social frente a la privatización extrema´; la ´convivencia con la naturaleza en contraposición con la explotación irracional de recursos´.