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El Gobierno está produciendo mensajes contradictorios acerca de la política que se propone aplicar para el sector de la minería. El ministro del sector, Wálter Villarroel, llegó a decir que el Ejecutivo analizaba la posibilidad de nacionalizar el yacimiento de plata y zinc de San Cristóbal, en la región de Potosí. Sin embargo, pronto llegó la versión contraria y se dijo que la política minera estaba todavía en análisis.

La definición de esta política es de suma urgencia, en vista de que la actividad minera está generando ingresos por las altas cotizaciones que se presentan por la demanda generada en China e India. Pero la reforma del Código de Minería se sigue demorando y, según se sabe, ni siquiera existe un anteproyecto.

Lo que existe es la intuición del Gobierno de que es preciso elevar la regalía y el impuesto a la minería, porque en este momento son muy bajos, sobre todo cuando se los compara con el inevitable referente de la política tributaria aplicada a la industria petrolera. La demora del Ejecutivo tiene que ver con un dilema político que paraliza sus decisiones. Se juegan, en este complejo asunto, tendencias estatistas, orientaciones que propician la economía social de mercado y también tendencias liberales.

Como se sabe, el ministro Villarroel viene de haber sido el principal dirigente de los cooperativistas mineros del país, un sector con operaciones muy extendidas, y que comprende desde grupos de trabajadores que operan en situación lamentable hasta organizaciones millonarias, sobre todo ahora, cuando los precios de los metales están en niveles históricos.

Las cooperativas reúnen a ex trabajadores de Comibol que, no obstante, se han convertido en enemigos de la empresa estatal de la minería. En las últimas semanas, las cooperativas de Huanuni hicieron la oferta formal para comprar las acciones de esa empresa de Comibol.

Quienes se oponen a esta operación son los trabajadores sindicalizados de la empresa minera, miembros de base de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), puntal de la COB durante el pasado medio siglo. Los sindicalistas dicen que las cooperativas son empresas privadas y que vender Huanuni, u otros yacimientos de Comibol, sería retroceder en el objetivo histórico de que los medios de producción estén en manos del Estado.

El Gobierno tiene, como se pudo ver por la designación de Villarroel en el cargo de ministro, compromisos muy estrechos con las cooperativas. Ellas jugaron un rol decisivo en las movilizaciones populares que ayudaron al actual desenlace político.

¿Qué hacer? El Ejecutivo no se decide. No sabe si optar por las cooperativas o por el estatismo que exigen los sindicatos. Lo probable es que termine proponiendo un sistema mixto.

Otro dilema que se presenta en el campo de la minería es el planteado ahora en el extremo sur-este del territorio. Si el Mutún ha de ser adjudicado a una empresa extranjera, ¿cómo se resolverá el conflicto que crearía el artículo 25 de la CNP, que prohíbe la propiedad de privados extranjeros en la franja de 50 kilómetros de la frontera?

Para resolver ese conflicto, sería preciso que Comibol quede a cargo del yacimiento, en sociedad con alguna empresa extranjera. Completando el dilema, los cooperativistas también quieren participar en el Mutún.