Las campañas electorales que pugnan por espacios de representación en la Asamblea Constituyente se han iniciado. La mayoría todavía aletargadas y sufriendo la resaca de las muchas consultas ciudadanas realizadas en los últimos años y unas pocas tratando de tomar ventaja bajo el principio de que el que pega primero pega dos veces.
Destaca por supuesto, por encima de todas, la campaña monumental del Gobierno que ha puesto todo su empeño político e institucional en lograr una mayoría aplastante en los próximos comicios de julio. Prácticamente todos los actos de los actuales administradores del Estado están dirigidos a lograr la mayor acumulación de favor popular posible con miras a la Asamblea Constituyente. Nunca antes se había visto un accionar gubernamental tan explícito y franco en pos de lograr un determinado resultado electoral.
La multicéfala oposición, no atina todavía, en ninguna de sus versiones, a delinear una imagen concreta y viable de contraposición a los afanes gobiernistas. Domina más bien la perplejidad y el asombro ante la audacia mediática y formal que viene demostrando el oficialismo.
En medio de este panorama preliminar ha surgido tímidamente la propuesta de Unidad Nacional en sentido de apostar a una estrategia que pretende responder a la reconocida mayor angustia de la gente: la falta de trabajo. El planteamiento es simple y claro; si la gente cree que la falta de empleo es el principal problema que afecta a los bolivianos, entonces la clave está en ofertar un equipo de ciudadanas y ciudadanos, encabezados por un exitoso industrial, que produzca mecanismos que permitan combatir el desempleo.
Este tipo de propuesta es la que surge de una típica lectura lineal y descontextualizada de los estudios de opinión. Cuando el análisis situacional estratégico y el análisis político contextual no acompañan a la interpretación de las encuestas, es muy común encontrarse con esta clase de diseños.
Las encuestas el año 2002 también les decían a Ronald MacLean y Tito Hoz de Vila que el 80% de la ciudadanía apoyaba la pena de muerte y ellos, persuadidos por esa lectura lineal de las encuestas, basaron su propuesta en esa constatación, con los resultados conocidos.
Una elección a la Asamblea Constituyente es muy distinta a una elección de Presidente, Senadores, Diputados, Alcaldes o Prefectos. Lo que se busca en la Asamblea Constituyente no es reemplazar ni interferir en las funciones de los poderes constituidos. La Asamblea Constituyente no es un órgano de gobierno, tampoco una instancia legislativa y no ejerce jurisdicción alguna. Su función no es debatir planes de gobierno, modelos de desarrollo, estrategias financieras y mucho menos medidas concretas que vayan a resolver problemas específicos de la gestión gubernamental en una sociedad determinada.
Samuel Doria Medina acertó estratégicamente en “dar la cara” nuevamente en la elección para Asambleístas Constituyentes y podría convertirse en un eje de aglutinación de la múltiple representación política que surgirá de estas elecciones en contraposición al MAS, pero el camino no es precisamente el confundir el carácter, el sentido y la función de la Asamblea Constituyente.
*Ricardo Paz Ballivián es sociólogo y constitucionalista.
La autoridad del Estado
En los últimos años, la autoridad del Estado se ha visto seriamente dañada. La pérdida de autoridad del Estado parece estar en directa relación con la pérdida progresiva de representatividad de dirigentes democráticamente elegidos.
Al César lo que es del César
La nacionalización de los hidrocarburos tenía que ser motivo de decisiones tarde o temprano, no sólo por la presión popular o por la llamada agenda de Octubre,