• Un cabildo en guarayos • Pobladores de Ascensión de Guarayos y de las comunidades aledañas se reunieron ayer para rechazar la imposición del Gobierno en la política de tierras.

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Así lo anunció el vicepresidente álvaro García Linera a 14 días de la nacionalización de los hidrocarburos, en una entrevista a un diario brasileño, a la que accedió La Razón.

´Somos un gobierno que trabaja a la velocidad de un tren bala. Lo que decimos vamos cumpliendo y vamos a seguir cumpliendo las medidas. Tenemos el plan económico, se viene el plan de tierras, vienen las elecciones (de constituyentes, el 2 de julio), inmediatamente viene el tema judicial y la seguridad social´, aseguró la autoridad.

La semana pasada, el ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, y el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, anunciaron la intención del Ejecutivo de encarar en el corto plazo la confiscación de tierras improductivas para redistribuirlas entre los campesinos y los pueblos indígenas. La mayor parte de los latifundios que están en la mira del Gobierno se encuentran en los departamentos del oriente del país.

La noticia motivó la preocupación de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo) y del Comité Cívico Pro Santa Cruz, organizaciones que encomendaron a la Prefectura cruceña que tome cartas en el asunto. También se adscribieron a un plan de seis puntos presentado por el gobierno de ese departamento, el mismo que no es aceptado por el presidente Evo Morales.

Según datos manejados por el Ejecutivo, se trata de recuperar entre 11 millones y 14 millones de hectáreas improductivas. Asimismo, algunas cifras señalan que hace tres años se detectó que en Bolivia 28 millones de hectáreas están en manos de sólo el 7% de propietarios de instalaciones agrícolas. Y que los campesinos sólo cuentan con cuatro millones de hectáreas, es decir, el 13%. El restante 87% pertenecería a grupos de poder.

Es así que García Linera anunció que ´el plan (normas legales como decretos y leyes) será presentado a finales de mayo´ y confirmó que este martes ´el Gobierno anunciará los elementos generales de su política de tierras, por lo que a partir de allí se comenzará un amplio proceso de diálogo con todos los actores productivos: empresarios, madereros, soyeros, campesinos, comunidades indígenas y exportadores, para construir consensos sobre temas conflictivos de la tierra´.

Paralelamente, el ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas, dijo ayer a la ABI que el conjunto de normas que alista el Ejecutivo agilizará la aplicación de la ley del Instituto de Reforma Agraria (INRA).

Villegas sostuvo que la Reforma Agraria de 1953 tuvo la peculiaridad de concentrar sus medidas sólo en el occidente del país, porque en esta región había pongueaje, esclavitud y condiciones de vida muy difíciles por parte de los bolivianos que vivían subordinados a los terratenientes.

Señaló además que esa reforma no consideró al oriente del país, por lo que desde 1952 se dieron fenómenos de concentración de la tierra y latifundios.

Con el mismo discurso el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, expresó en días pasados que en el país ´hubo grupos de poder que se beneficiaron con tierras que no trabajan y sólo usan para negocios especulativos, para venderlas a un precio mucho mayor o como garantía para obtener créditos bancarios. Incluso, hay casos en que las obtuvieron de manera irregular´.

Por ello, Villegas agregó que a raíz de ese fenómeno se elaboró la Ley Inra y recordó que ésta tiene el objetivo de efectuar el saneamiento de tierras, es decir dotar de títulos de propiedad a quienes la trabajan y cumplen con una función económica y social.

Indicó que la Ley INRA también tiene la misión de comprobar que las tierras de propiedad de un conjunto de personas esté siendo trabajada y todas aquellas tierras que no estén desempeñando la función económica y social serán revertidas al Estado para entregarlas a organizaciones campesinas y pueblos indígenas que las demandan. ´La Ley Inra está vigente, pero nunca fue cumplida´, añadió.

El Gobierno espera una fuerte oposición a esta nueva medida.

“Somos un gobierno que trabaja a la velocidad de un tren bala. Lo que decimos vamos cumpliendo”. álvaro García Linera.

“Hubo grupos de poder que se beneficiaron con tierras que no trabajan y sólo usan para negocios especulativos”. Alejandro Almaraz.