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De acuerdo con los informes oficiales, el Ministerio de Desarrollo Rural está preparando ocho decretos y un proyecto de ley. Los primeros serían para acortar plazos y acelerar procedimientos en la dotación de tierras. La ley tendería a adecuar estructuras institucionales como las del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Consejo Agrario Nacional (CAN), a la actual Ley de Organización del Poder Ejecutivo.

La circunstancia de que las medidas a ser conocidas hasta fin de mes se apliquen en forma específica en la región oriental del país, que involucra a los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, se debería a que la reforma agraria de 1953 concentró sus efectos en el occidente y que dejó a un lado al oriente, lo que dio lugar a que en esta región se produzcan fenómenos de concentración de la tierra y a la conformación de latifundios, como consecuencia de la cual se tienen ahora tierras improductivas y ociosas. La intención oficial es que todas aquellas tierras que no estén desempeñando la función económica y social que les corresponde serán revertidas al Estado, por su posterior entrega a organizaciones campesinas y pueblos indígenas sin tierras. Según datos del Ejecutivo, se trataría de recuperar entre 11 y 14 millones de hectáreas.

Las certezas que se han puesto de manifiesto en este proceso son de que, efectivamente, correspondería proceder a una reversión de las tierras ociosas. La propuesta de seis puntos presentada por la Prefectura de Santa Cruz reconoce que corresponde evitar acciones de avasallamiento de tierras, el mantenimiento de tierras adquiridas ilegalmente y la concentración de la propiedad agraria con fines especulativos.

Donde emergen los recelos y la alarma es en los alcances de las medidas. Existe el temor de las organizaciones representativas de los sectores productivos de Santa Cruz de que se afecte a sus intereses, como son la agroindustria, la actividad forestal y la ganadería. Al respecto, advirtieron que sólo el sector de la agroindustria produce anualmente al país unos 500 millones de dólares por exportaciones.

Ante la existencia de consensos y disensos, es plausible que el presidente en ejercicio Álvaro García Linera hubiera asegurado, según la agencias de noticias oficial, que el Gobierno concertará la nueva política de tierras con los sectores involucrados, para lo que de inmediato se iniciarían las consultas respectivas. A su vez, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, declaró a la Agencia Boliviana de Información (ABI) que hay que dialogar con los distintos sectores involucrados, “para sobre ese proceso de consulta y cabildeo, afinar los decretos que se están trabajando a nivel de gobierno”.

La cuestión fundamental en este caso es garantizar la paz social en el país, para lo que tienen que cumplirse los preceptos constitucionales que establecen el derecho a trabajar la tierra. De hecho, el país estará, en breve, ante un tema complejo.