La mala palabra
Carmen Beatriz Ruiz*

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¿En qué momento la palabra pacto se convirtió en una mala palabra? Quizá fue en la década de los 50, cuando el MNR puso en marcha su estrategia de alianza de clases, encaminada hacia la conformación de un amplio abanico de sectores aliados en pos de la construcción del nuevo Estado nacional.

O quizá fue cuando, en la década de los 60 y 70, los gobiernos dictatoriales de turno impulsaron el Pacto Militar Campesino, de triste recuerdo en cuanto a la intervención militar en la política y la corrupción y sometimiento de los sindicatos campesinos a las Fuerzas Armadas.

Probablemente fue que desde el 85 varios partidos hicieron pasanaku del Estado con la consigna de la gobernabilidad, particularmente en 1985 (MNR y ADN); 1989 (MIR y ADN); 1993 (MNR, MRTKL, MBL, UCS); 1997 (ADN, MIR, UCS, NFR, CONDEPA) y 2002 (MNR, MIR, NFR) con nombres tan rimbombantes como Pacto por la Democracia, Mega Coalición y otras yerbas.

Y, sin embargo, pese a todos esos desvaríos y malas intenciones, el pacto no es una mala palabra porque no es un acto perverso. Al contrario, la idea de pacto nos remite a “convenio, tratado o acuerdo entre personas físicas o jurídicas, que se obligan a su observancia”. Por lo tanto, a la construcción de alianzas y al respeto de las obligaciones que éstas conllevan.

Es más, en el marco del proceso constituyente se ha recurrido varias veces a la noción de pacto. Lo ha hecho el propio Vicepresidente de la República refiriéndose a que este proceso nos permita sellar nuevos pactos sociales. ¿A qué se refirió? Pues, ni más ni menos, al gesto de convivencia social y construcción democrática que la mayoría del país espera, más allá de los discursos de campaña política: establecer acuerdos entre diferentes sectores sin ocultar los legítimos intereses que cada sector tiene, a compartir las distintas visiones de país que tenemos las y los bolivianos, para pactar un proyecto común.

Según el académico español Joan Prats, el triunfo electoral del MAS activa un proceso largo y profundo de los equilibrios de poder de las estructuras de propiedad, es decir, un proceso revolucionario (otra vez una mala palabra), por la dimensión de los cambios políticos y económicos que están ocurriendo en el país y que tienen un matiz novedoso porque se están haciendo en el marco del sistema democrático. No siempre la revolución entra con sangre y a estas alturas nadie se opone a la necesidad evidente que tenemos de “Cambiar democráticamente el sistema que está bloqueando el desarrollo humano de los bolivianos”. Una “tarea hercúlea cuya conducción es imposible sin un proyecto de poder” (Prats).

Un proyecto de poder, en democracia, no se sostiene, avanza ni cumple con sus propósitos si no establece alianzas, o sea, pactos. Pactos sociales o estrategia de alianzas que potencien los mínimos comunes existentes y que deben estar dirigidos hacia la construcción de acuerdos entre los diversos sujetos económicos, sociales y políticos del país. Sin la legitimidad y legalidad que otorgan los pactos, los cambios que este gobierno quiere ejecutar no serán ni democráticos ni revolucionarios ni efectivos. Pacto, por lo tanto, no es una mala palabra, para nosotros, bolivianos y bolivianas, es una necesidad.

*Carmen Beatriz Ruiz
es comunicadora social.