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El déficit de vivienda propia en Bolivia es alto. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), basado en los reportes del último Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, sólo un millón 321 mil 428 hogares en el país tienen vivienda propia. El resto de los hogares viven en viviendas alquiladas (326.045), en contratos de anticrético (92.424), en contratos mixtos o bajo otras figuras.

Estos datos, difícilmente han podido ser modificados significativamente en los últimos seis años, es decir, el déficit habitacional durante este 2006, con seguridad, persiste y es probable que hasta haya crecido debido a factores como la crisis económica y social de las últimas gestiones, los problemas de desempleo, la baja capacidad de ahorro, los altos intereses bancarios para préstamos inmobiliarios y otros más.

A eso habrá que añadir la multiplicación de inmobiliarias fraudulentas o ilegales que funcionan en todo el país y el inmenso grupo de estafadores de terrenos o bienes inmuebles, más conocidos por la población como “loteadores”. Esos sujetos que se dedican a parcelar extensiones de terreno que no les pertenece o que tienen problemas legales y que luego los venden o revenden a cuanto incauto se les cruza en el camino.

Y se dice que es dramático el tema de la vivienda propia en el país, porque desde que se tiene memoria o han sido inmobiliarias las que han jugado con la ilusión de la casa propia o ha sido el Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonvis) que terminó fracasando y echando por la borda las políticas públicas de vivienda o son ahora los cientos de estafadores que están acabando con la buena fe de las personas.

Un reporte presentado por este diario, durante el fin de semana, informa que el problema de la vivienda es un asunto social complejo no sólo por las dificultades de acceso, sino porque genera además una serie de complicaciones territoriales y legales a los municipios, que al final son las instancias públicas, amparadas por ley, que autorizan todos los pasos que se requiere para la urbanización y legalización de un bien inmueble.

Es decir que al margen que a un jefe de familia, sea hombre o mujer, le cuesta ahorrar y acumular cierto capital para adquirir una casa o construir una vivienda, éste es sujeto fácil de estafadores, enmascarados tras eficientes fachadas de inmobiliarias o de loteadores, que ofrecen terrenos en áreas municipales o en sitios no aptos para la construcción.

Por otro lado, están los planes de vivienda como parte de una política estatal. La historia de éstos ha estado salpicada de gestiones ineficientes y hasta carentes de transparencia. El Fonvis no cumplió a cabalidad los objetivos por los cuales fue creado y terminó en un proceso de liquidación que incluso en la actualidad levanta polémica y genera conflicto.

El Gobierno ha anunciado que en breve se conocerá el plan de vivienda social que se está elaborando y sólo habrá que esperar que éste cubra, de algún modo, las necesidades actuales.