Este momento se encuentra marcado por la crisis pero a la vez por la posibilidad de construcción de un futuro distinto para el país. ¿Distinto? ¿Cómo? Son las preguntas que circulan en la cabeza de todos los bolivianos. En unos casos, con grandes esperanzas y expectativas en el nuevo gobierno y el proceso de cambio anunciado; en otros casos, el futuro está más bien teñido de incertidumbre y escepticismo respecto de la nueva gestión gubernamental.
Lo cierto es que desde el gobierno se van asumiendo un conjunto de medidas fuertemente marcadas por su carácter simbólico y discursivo.
Pero más allá de las medidas asumidas y su efectividad, que con seguridad se podrán evaluar en un futuro no muy lejano, por ahora éstas se presentan ante la población como respuesta a las ansiadas transformaciones sociales postergadas. Las principales medidas se adoptaron acompañadas por despliegues discursivos y mediáticos y articuladas a la médula de los problemas no resueltos en el pasado. Las medidas de austeridad, por ejemplo, se constituyeron en una respuesta a la percepción generalizada de que los partidos accedían al poder para enriquecerse y aprovecharse del poder. Pero mucho más impacto lograron la nacionalización de los hidrocarburos como rechazo a los contratos firmados que “entregaron“ nuestros recursos naturales a las transnacionales, o la vinculación de la medida a los imaginarios colectivos nacionalistas del siglo pasado que concebían un Estado próspero, capaz de redistribuir la riqueza y favorecer a los sectores más empobrecidos. La medida se difundió con un gran despliegue mediático: la toma militar de campos petroleros o los letreros en los distribuidores enfatizando la nueva propiedad de los bolivianos.
Algo parecido sucedió con la denominada “revolución agraria” que, con la sustitución de los términos “reforma” por “revolución” se marcó la diferencia con la reforma agraria del 53, connotando un proceso más radical y distanciándose de sus magros resultados. Pero además la medida fue asociada con el rechazo al latifundio, a la concesión arbitraria de tierras durante las dictaduras y gobiernos anteriores y, finalmente, con la sentida necesidad de tierra de los pueblos indígenas y sectores campesinos empobrecidos. Esta medida también fue acompañada de efectos simbólicos al realizarse en el oriente boliviano, la entrega inmediata de algunos títulos, y preceder este acto por innumerables discursos de expectativa y apoyo de pueblos indígenas y organizaciones campesinas históricamente postergadas, que agradecían al gobierno por la decisión asumida. Finalmente, la Asamblea Constituyente es enunciada como la “refundación” del país, o la construcción de un Estado de y para el pueblo boliviano, pues aunque no se modificaran aspectos sustanciales, esta Carta Magna sería reescrita por puño y letra del propio pueblo.
Estos enunciados discursivos actúan como dispositivos simbólicos y se unen a las expectativas sociales, pero la pregunta fundamental es ¿cuán sostenibles son? Sería verdaderamente el principio del fin del proceso de cambio y del entusiasmo popular, constatar en el corto o mediano plazo que dichas medidas, o no tienen el alcance esperado, o que en definitiva no se reflejan en la generación de empleo, mejores condiciones de salud, educación y nuevas posibilidades para los bolivianos.
*María Teresa Zegada es socióloga.
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