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En ese sentido, todos los gobiernos de los últimos tiempos, bajo diferentes argumentos, permitieron las amnistías. En determinado momento el justificativo era regular las ingentes cantidades de vehículos sin papeles que circulaban en el territorio porque representaban un peligro para la seguridad ciudadana, otro argumento dado fue que el Tesoro General de la Nación (TGN) requería aumentar las recaudaciones impositivas y así sucesivamente. Ahora resulta que se trata de una nueva "última vez" para regular 25 mil vehículos indocumentados bajo el pretexto de que se trata de un problema social de difícil definición y además heredado de la anterior gestión gubernamental.

El Gobierno ha determinado aceptar, en ese sentido, la regularización "de manera excepcional". El Ministerio de Hacienda dice que no se trata de una nacionalización porque, en compensación por la determinación, se exigirá a los "importadores" el pago de fuertes sumas de dinero en calidad de multas. ¿Acaso no es lo mismo? En todas las anteriores nacionalizaciones, los contrabandistas y dueños de estos vehículos pagaron multas e impuestos por las legalizaciones. Eso significa que se trata de la misma figura pero con nuevo argumento.

De manera incoherente y casi paralelamente a la determinación de encaminar este nuevo "arrepentimiento eficaz", el Ministerio de Hacienda y la Aduana Nacional de Bolivia presentaron y socializaron la "Estrategia Integral de Lucha contra el Contrabando", reconociendo que éste representó en el 2004 una pérdida de 154 millones de dólares para el Estado.

Evidentemente, el contrabando representa un serio problema económico para el Estado boliviano y también es un asunto social complejo. No es novedad la cantidad de grupos familiares que se dedican al contrabando, sin embargo nada de aquello debería afectar a las determinaciones de luchar contra él cuando los efectos negativos son multiplicadores para el país.

Una nueva amnistía en Bolivia hace perder credibilidad a cualquier Gobierno, porque es fomentar la falta de seriedad en la aplicación de la ley. ¿Qué será más fácil?, ¿seguir introduciendo por la vía del contrabando vehículos o importarlos legalmente? De seguro que los inescrupulosos están creyendo en lo primero, sujetos además a estos perdones permanentes. Y es que este círculo vicioso debe concluir.

La lucha contra el contrabando no se libra en la letra muerta de una estrategia y tampoco con buenas intenciones; se la libra en las fronteras y en los miles de pasos clandestinos en los cuatro puntos cardinales del territorio, con la aplicación de medidas firmes y con una política clara sin excepciones ni flexibilizaciones. ¿Hasta cuándo no se comprenderá que el contrabando es un delito igual o semejante al narcotráfico?