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Uno de los temas que con seguridad se convertirá en eje de discusión de la Constituyente será la reorganización político-territorial, , porque además, se introducirá por mandato vinculante del Referéndum por las autonomías.

La discusión resulta compleja porque no implica solamente la organización espacial del territorio, es decir, el debate acerca de si se mantienen los departamentos, provincias, municipios y cantones o si además se establecen otro tipo de circunscripciones, por ejemplo subregiones, mancomunidades municipales o territorios indígenas como base de la nueva organización, sino también la discusión sobre el alcance de la descentralización político-institucional en relación con el gobierno central, y el conjunto de elementos que involucra la relación con el territorio: la ocupación del espacio, la cultura, los hábitos, la organización interna, entre otros.

La construcción discursiva de la demanda autonómica tiene larga data y distintas vertientes. Por una parte, el discurso autonómico departamental proviene de los movimientos regionales del oriente, particularmente Santa Cruz, que si bien se expresó a lo largo de la historia republicana, adquirió un particular relieve a fines del siglo pasado. La matriz discursiva está asociada al rechazo al centralismo burocrático gubernamental, pero fundamentalmente, a la situación de marginalidad del oriente en relación con el “andinocentrismo” estatal; también este discurso se asoció al imaginario social de desarrollo regional y mejores condiciones de vida para sus habitantes. Evidentemente, existen trasfondos ideológicos relacionados con intereses vinculados a la explotación de los recursos naturales y a la administración propia de recursos.

Por otra parte, revindicando la historia de quinientos años de colonización española y de exclusión social que persiste hasta nuestros días, emerge el discurso autonómico de los pueblos indígenas, impulsado por un conjunto de movilizaciones sociales durante la década de los noventa, y si bien lograron algunas conquistas en las normas y leyes, impulsan el proceso constituyente como opción de transformación profunda del Estado. Este discurso no es homogéneo, sino que ha sufrido un proceso de desencuentros y concertaciones no resueltas que actualmente han sido articuladas por algunas candidaturas hacia la constituyente.

¿Qué tienen en común estos discursos? Fundamentalmente, un fuerte cuestionamiento a la actual estructura institucional del Estado que no refleja la actual dinámica de la sociedad y, la natural coincidencia en que éste debe ser profundamente reformado. Pero al mismo tiempo, ambas vertientes discursivas, y otras que surgen en torno al tema, no son necesariamente contradictorias entre sí, al contrario pueden –y es deseable que así suceda- encontrar puntos de encuentro en torno al camino hacia una descentralización más profunda y una legítima reforma de la estructura estatal.

Pero, para complejizar aun más el panorama, la cercanía de la constituyente y del Referéndum, así como el debate preelectoral han provocado una sobreideologízación del tema de las autonomías, circunscribiéndola básicamente a la demanda cruceña de donde provino la iniciativa de la consulta. Pero, al ser articulado de diversa manera a los discursos político partidistas, sufre un proceso de distorsión y estigmatización que desnaturaliza su sentido, y aparece vinculado a la disputa hegemónica por el poder. En esa línea, mientras para PODEMOS, UN y otros partidos la autonomía se constituye en un freno a la hegemonía del actual gobierno, para el MAS, aparece como un elemento de incertidumbre política en la futura gestión, aunque la posición oficial del gobierno es de “neutralidad razonable” ante el tema.

Con todo, el discurso de la autonomía se encuentra en el centro del escenario de reformas a la constitución, y será uno de los elementos que definan el futuro debate y un posible pacto entre los bolivianos.

María T. Zegada
es cientista política y realiza una
investigación para el PIEB.