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Se entiende que por razones culturales e históricas el Gobierno quiera conservar las lenguas nativas, para que no pierdan sus raíces, pero de allí a imponer en la educación y además en la administración pública como un requisito inexcusable para trabajar en ella, parece ser un exceso.

La eventual enseñanza de las lenguas nativas en la educación pública y privada tiene sus complejidades, sensibilidades y aristas. En cambio, el aprendizaje de un idioma extranjero universal es sumamente valioso para poder comunicarse con el resto del mundo, en una época de globalización.

La necesidad de utilizar en la comunicación social otros idiomas, aparte del que se posee desde la cuna, tiene que ver con el aprendizaje y su utilidad. A menos que las personas tengan una aptitud natural de aprender otras lenguas, para el común de la gente no es fácil. Esto ocurre con mucha más fuerza en el caso de los idiomas nativos del país. Su escritura y fonética son extremadamente intrincadas.

En cuanto a su utilidad en la vida diaria y práctica, en los modos y costumbres, en los negocios, ésta es limitada y tiene escasísima aplicabilidad real.

La población rural del país, que es donde se tienen lenguas maternas propias, sólo llega al 37,7 por ciento de los habitantes del país, según el Censo Nacional de 2001. No es, por tanto, una mayoría por la que haya que someterse a determinadas exigencias lingüísticas. Empero, lo más destacable es que en el área rural el empleo del castellano está generalizado, llega casi al 100%. Con motivo de la toma de la hacienda de Yahurichambi, que perteneció al pensador paceño Franz Tamayo, en el departamento de La Paz, se pudo observar en la televisión que todos los campesinos hablaban castellano, los más veteranos y los más jóvenes.

Si ésta es la realidad, por qué se quiere imponer el aprendizaje de una lengua nativa, si su práctica será mínima.

Los antecedentes que existen en torno al lenguaje demuestran que las imposiciones por reformas o leyes, no se acatan. Así, en Brasil se dispuso evitar el uso de términos discriminatorios contra la población de raza negra, bajo, incluso, la pena de sufrir sanciones. La realidad es que nadie cumple con ello y no hay autoridad que pueda jactarse de haber logrado ese propósito.

Caso distinto es el de Paraguay. Allí el castellano y el guaraní son idiomas oficiales, por tanto se trata de un país bilingüe, debido a que su población racialmente es homogénea, no tan diversa como la boliviana. La lengua nativa es de uso común, pero nadie en particular la impuso. Pese a ello, los paraguayos para comunicarse con el resto del mundo sólo utilizan el castellano o un idioma extranjero.

Es legítima la recuperación que se quiera hacer de las culturas nativas, pero de ahí a querer imponer lenguas nativas a fuerza de decreto al resto del país, sólo puede explicarse como una extravagancia o un acto excesivo.