• NEGOCIO cuestionado • Esta ropa usada se vende en la Feria 16 de Julio, de El Alto, y forma parte de un comercio que, pese al decreto del Gobierno, todavía genera controversia en el país.

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Según el Ejecutivo, la norma fue concertada con los ropavejeros y con los productores de indumentaria nacional. Sin embargo, estos últimos protestaron porque exigían que la entrada al país de la ropa usada finalice el 31 de julio, tal como lo preveía la normativa vigente.

“Se prohíbe la importación a territorio nacional de mercancías clasificadas como prendería usada a partir del 21 de abril de 2007, indefectiblemente. Asimismo, se prohíbe la comercialización de la mercancía señalada en el párrafo anterior a partir del 1 de marzo de 2008, indefectiblemente”, dice el Decreto Supremo 28761, firmado ayer por el presidente Evo Morales.

La norma fue presentada por el ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas; el viceministro de Comercio y Exportaciones, Gustavo Barbery; y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada. El Gobierno, siguiendo las líneas de su Plan de Desarrollo, “se compromete y priorizará el acceso al crédito y a la tecnología para pequeños productores de manufactura textil y confecciones”, dijo Villegas.

A su turno, el viceministro Rada dio por terminada la polémica en este tema y advirtió que el Gobierno no aceptará reclamos en esta época preelectoral. “El Gobierno Nacional expresa su decisión de que no atenderá a aquellos sectores que pretendan chantajearlo”, enfatizó, y remarcó que toda medida, “como en este caso de la prendería usada, deberá estar necesariamente precedida por un proceso de concertación, diálogo y análisis técnico y jurídico que desemboque finalmente en una norma, como es el caso presente”.

El presidente del Comité de Defensa de la Industria Nacional, Porfirio Quispe, desmintió a las autoridades al señalar que su sector no fue consultado antes de la firma del decreto, tal como se había comprometido el Gobierno. “No fue así, no fuimos consultados desde la última reunión; para nada”, aseveró Quispe, y precisó que el 8 de junio fue la última vez que se reunieron las tres partes.

Codeina, que reúne a más de 50 asociaciones, entre ellas de gremialistas, micro y pequeños empresarios, industriales y otros sectores productivos, se declaró en emergencia y definirá, en ampliados departamentales, las medidas de presión que iniciará contra el decreto supremo del Gobierno.

Entretanto, el dirigente de los ropavejeros, René Arispe, admitió la conformidad de su sector con el decreto, en espera de ingresar al programa de reconversión de los comerciantes de ropa usada en un gremio de productores de prendas nacionales.