• En el megacampo gasífero San Alberto flamea una bandera boliviana y una leyenda, que resumen la medida de la nacionalización de los hidrocarburos. La foto fue tomada el 1 de mayo, día en que el Presidente promulgó el decreto supremo.

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El gobierno del presidente Evo Morales busca en las reformas a la Carta Magna poner “candados” a la actual política sobre recursos naturales del país, para que el Estado ejerza el control sobre los mismos y defina su utilización.

La idea es seguir con lo que se ha hecho en materia de hidrocarburos mediante el decreto de nacionalización que el presidente Evo Morales firmó el 1 de mayo, explica el diputado César Navarro, al referirse a la propuesta de su partido, el MAS, para cambiar la Constitución Política del Estado (CPE).

Partidos políticos y agrupaciones ciudadanas que compiten con el MAS rumbo a la Asamblea Constituyente, como Poder Democrático Social (Podemos), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Unidad Nacional (UN) y Acción Democrática Nacionalista (ADN), creen que el tema de los recursos naturales se encuentra señalado en la CPE y no debe cambiar. Coinciden en sostener que la Carta Magna establece que los recursos naturales son de dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y, en ese sentido, no hay necesidad de modificar este aspecto en la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, los candidatos de estas organizaciones no se eximen de proponer reformas a la CPE en este tema. Por ejemplo, postulantes de UN y Podemos creen que lo más importante es definir el aprovechamiento de estos recursos, principalmente de los no renovables. ADN hace especial énfasis en el medio ambiente.

En cuanto al MAS, “la propuesta es que todos los recursos naturales, incluso el agua, tienen que ser de control monopólico del Estado”, dice el parlamentario Navarro, que es jefe de su bancada en Diputados.

De acuerdo con la visión del gobierno del MAS, no puede existir una inversión que supere la presencia del Estado, cuando se trata de recursos naturales, porque éstos son estratégicos para el futuro del país. “El Estado debe ser monopólico en la utilización de los recursos”, enfatiza el legislador Navarro.

Para el MAS, el Estado debe participar, en el caso de los hidrocarburos, en toda la cadena del sector como un socio mayoritario que defina las líneas generales de lo que se quiere hacer y de los beneficios que se desea obtener. “Eso no quiere decir que estemos ahuyentando la inversión privada”, aclara el diputado y señala que “ésta debe existir en la actividad de comercialización, explotación y distribución, entre otras, pero con menor cantidad de beneficios que el Estado”.

Desde 1994, cuando se concretó el proceso de capitalización de las empresas del Estado, los partidos de izquierda cuestionaron los altos réditos que año tras año obtuvieron las transnacionales.

Hoy, 12 años más tarde, el Jefe de la bancada del MAS sostiene que “el Estado no puede negociar en condiciones de sumisión”, porque el resultado hasta ahora es que “mientras más crecieron las inversiones privadas externas en Bolivia, más aumentó la pobreza y la desocupación”. Pero, ¿qué implica poner candados en el tema de los recursos naturales? Por ejemplo, estipular que el Estado fije los precios de explotación de los recursos naturales del país, al margen de su tuición para impulsar una política internacional.

“Se tiene que establecer el marco para que no pase lo que pasó en el pasado con las empresas”, agrega Navarro.

“En la actual CPE dice que los hidrocarburos son del dominio del Estado y que explota a través de YPFB o de otras empresas, a través de contratos, pero no te dice la participación en la explotación y en las otras actividades. Lo que nosotros queremos es que esto sí esté establecido, para que no se cambie”, precisa.

Glosario

Recursos naturales
Bienes que da la naturaleza y que son valiosos para la sociedad, pues contribuyen a su bienestar.

Nacionalización
Recuperación de la propiedad de un bien para el Estado, ya sea por expropiación o por la compra de acciones.

Monopolio
Situación en la que el Estado o una empresa privada ejerce el control total de un determinado mercado.

   Las propuestas de los partidos

El Movimiento al Socialismo (MAS) quiere incluir en la Carta Magna el control de los recursos naturales por parte del Estado. Si bien pueden participar en la cadena de hidrocarburos, su idea es que las empresas privadas sean socias pero no accionistas mayoritarias.

Según el diputado César Navarro, el MAS plantea ponerle un candado a este tema, es decir, establecer que el Estado boliviano sea el que determine los precios de los hidrocarburos y también la política internacional, incluyendo todos los recursos.

Esta agrupación propone que sea el Estado el que explote los recursos naturales. Según Carlos Alberto Goitia, vocero de Podemos, la idea es que la planificación económica para la explotación de los recursos esté ligada a una concepción, que es la organización económica del Estado, que incluya la justicia social para que la población tengan una existencia digna. Lo importante es el desarrollo sostenible y sustentable, ya que la riqueza natural está ligada a los recursos no renovables y, por lo tanto, son elementos que se deben cuidar.

Julio Aliaga, candidato a constituyente por Unidad Nacional (UN), opina que lo que señala la Constitución actualmente está bien, es decir, que el Estado es dueño de los recursos. Sin embargo, se pueden delegar funciones mediante leyes para explotar los recursos, según Aliaga. La Constitución debe garantizar que la última palabra en el uso de los recursos naturales es del Estado; debe establecer un sistema de control para que estos recursos sean útiles y sus beneficios vayan a los sectores de educación y salud, entre otros.

Óscar Sandóval, el candidato del MNR, tiene el criterio de que lo que dice la Constitución sobre los recursos naturales está correcto. Todos son de carácter nacional y de dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y sus rentas y beneficios deberán ser de utilidad nacional. Opina que está fuera de discusión la propiedad, pues su condición es nacional. Dice también que sería una contradicción incluir en la Constitución Política del Estado la palabra “nacionalización”, porque la Constitución es de nación boliviana.

Flavio Machicado, candidato por ADN, sostiene que no hay necesidad de cambiar lo planteado por la Constitución actual en materia de recursos naturales. Propone que la Carta Magna debe considerar, dentro de los bienes nacionales, la biodiversidad y el medio ambiente, porque son recursos de bien público, lo que implica que las sociedades tienen que precautelar el medio ambiente. Además, los recursos naturales deben cumplir un rol de productividad y competitividad para beneficiar a la sociedad entera.

   La voz de los sectores

Se debe ver al futuro

Yussef Akly
Vocero de la Cámara de Hidrocarburos

La Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que es el sector que agrupa a las empresas petroleras, opina que “más allá de lo que ya está establecido en la actual constitución que debiera preservarse, en términos globales, se debe tener una visión muy amplia como país para desarrollar este sector y verlo como uno de los pilares del progreso para las próximas décadas”. En ese marco, el vocero de la organización, Yussef Akly, dijo que debiera fomentarse aquello sin lo cual es imposible desarrollar el sector: la inversión. Sin recursos para invertir no es posible pensar en que este sector y cualquier otro sector crezca. Una visión de largo plazo significa que la Constitución debiera establecer parámetros que fomenten y den seguridad a la inversión nacional y extranjera, pero además promuevan la explotación racional de los recursos fortaleciendo la relación comercial e integración con los mercados regionales y pensar en proyectos de ultramar y productos resultantes de la industrialización.

Los recursos naturales son del Estado

Mauricio Lea Plaza
Asesor Prefectura Tarija

Para la Prefectura tarijeña, los recursos naturales como los hidrocarburos son del Estado boliviano y deben mantenerse así, dice el asesor de la Prefectura, Mauricio Lea Plaza. “Lo que sí está claro es que necesitamos una participación directa en las decisiones que se toman en materia de política de manejo y uso de esos recursos naturales”, aseguró. “Todas las regiones deberían tener un grado importante de participación en las políticas que hacen el uso y aprovechamiento de los recursos naturales ya sean hidrocarburíferos, mineros, forestales”, explicó. Para la prefectura tarijeña, la idea es que la explotación de estos recursos sean bien aprovechados en beneficio de la población. Sin embargo, creen que la conquista histórica de las regalías para las regiones productoras no debe ser tocada, ya que es una conquista histórica diferente a lo que pasó con los recursos minerales que no dejaron nada para las regiones productoras de esos recursos.

   Qué dice la Constitución

Recursos naturales

Artículo 136.- Los bienes nacionales son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los que la ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. La ley establecerá las condiciones de este dominio, así como las de su concesión y adjudicación a los particulares.

Artículo 137.- Los bienes del patrimonio de la nación constituyen propiedad pública, inviolable, siendo deber de todo habitante del territorio respetarla y protegerla.

Artículo 138.- Pertenecen al patrimonio de la nación los grupos mineros nacionalizados como una de las bases para el desarrollo y diversificación de la economía del país, no pudiendo aquéllos ser transferidos o adjudicados en propiedad a empresas privadas por ningún título. (...)

“Se deben establecer las líneas generales”

Mauricio Medinacelli
Analista de temas petroleros

Cuando me ofrecieron escribir algunas líneas sobre la reforma a la Constitución Política del Estado (CPE) y el sector hidrocarburos, estuve tentado a rechazar la misma debido al carácter, desde mi punto de vista, tan trascendental del tema; de hecho, no todos los días uno tiene la posibilidad de compartir sus ideas sobre aspectos de gran importancia. No obstante de ello el desafío me pareció interesante, entendiendo que las primeras ideas que quiero expresar no son únicas y definitivas; me imagino que el debate futuro sobre el tema será amplio y saludable. Esta situación, de alguna manera, me permite tomar el desafío con más tranquilidad. Lo primero es la versatilidad en la redacción actual de la CPE en materia de hidrocarburos. Es curioso ver que esta redacción pudo ser el marco general para la Ley de Hidrocarburos Nro. 1689, de carácter más bien liberal, y para la actual Ley No. 3058, que, entre otras cosas, permite una mayor participación del Estado en el sector. Por ello me parece que esta característica no debiera perderse en cualquier modificación que se haga, dado que es muy difícil anticipar la duración de ésta, voy a llamar, “vicisitud hidrocarburífera” entre Estado y sector privado. Me parece que las reformas a la CPE, en materia de hidrocarburos, no deberían ser extremadamente puntuales y sólo deberían otorgar las líneas generales para que el Congreso y el Poder Ejecutivo definan los detalles ya reglamentarios. En este sentido, la pregunta lógica es ¿qué se entiende por “líneas generales”? y la respuesta está muy bien ejemplificada en la actual redacción. Como sugerencia, me permitiría un ligero cambio sobre la constitución de sociedades mixtas. Las actuales condiciones de financiamiento y el desarrollo tecnológico del sector debieran permitir la participación del Estado en: la producción, comercialización y transporte a través de figuras legales menos restrictivas, y no sólo a través de sociedades mixtas. Finalmente, me parece relevante señalar el peligro de condicionar las reformas a la CPE a una coyuntura de precios y mercados altamente favorable. En particular, los ingresos tributarios que genera el sector no deberían, en este tipo de norma, asignarse y condicionarse a determinadas actividades, debido al carácter aleatorio de los mismos. A veces los trajes muy “a medida” no son útiles en épocas de bonanza y son muy costosos en épocas de austeridad.

Mauricio Medinacelli es economista y fue ministro de Hidrocarburos en el Gobierno de Eduardo Rodríguez. También elaboró la propuesta para establecer el Impuesto Directo a los Hidrocarburos de la nueva ley del gas y la llevó hasta el Parlamento. Es experto en el tema petrolero. Trabajó en varias áreas técnicas del ministerio del sector.