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Según el Centro Integral de Apoyo al Campesinado (Cipca), que tiene base en esa población, son unas cinco millones las hectáreas que actualmente inquietan a seis sectores que trabajan y viven en la selva amazónica y que de alguna manera dependen de esa gran extensión de tierras para subsistir.

Indígenas, campesinos, empresarios, zafreros, barraqueros y trabajadores individuales de las tierras amazónicas del norte del país están en alerta tras el anuncio del presidente Evo Morales de ejecutar una revolución agraria que, según explicó, beneficiará a los más pobres y revertirá al Estado aquellas extensiones que son utilizadas de manera especulativa, para nuevamente ser redistribuidas entre los sectores más necesitados del país.

En la selva amazónica, que está entre los departamentos de La Paz, Beni y Pando, se desarrollan negocios tan rentables como la extracción de la castaña y la madera, que generan millones de dólares cada año.

Es así que actualmente el debate acerca de su distribución, redistribución o saneamiento está dentro de la agenda de estos actores, que —según coincidieron por separado— harán respetar sus “derechos”, en algunos casos manteniendo sus extensiones y en otros consiguiéndolas.

Según los datos del Cipca, actualmente 19 grupos económicos, entre empresarios y exportadores, poseen más de 1,5 millones de hectáreas, 350 familias de barraqueros tienen 3,4 millones, mientras que las áreas tituladas entre campesinos e indígenas son de sólo 330 mil.

Sin embargo, cerca de 41 mil trabajadores, que son parte fundamental de la cadena de recolección de la castaña como son los zafreros y fabriles, “no tienen ni un solo metro de tierra”, como lo reveló el abogado del Cipca, Julio Urapotina.

Es así que el Gobierno ya inició la fase de estudio de las tierras de esa región, como lo informó el ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, quien explicó que una comisión de alto nivel del Ejecutivo analiza todas las ocupaciones de tierras en esa zona para verificar si la “propiedad” de éstas son legales y en el caso de no serlo promover con una notificación su desalojo.

En esa línea la ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, recordó que en pasadas gestiones el norte amazónico fue una de las zonas más olvidadas, por lo que ahora es deber del nuevo Gobierno sentar presencia del Estado.

En el debate se puede percibir dos grupos: uno, conformado por los empresarios y exportadores, además de los barraqueros que poseen la mayor parte del mencionado territorio, mientras que en el otro lado están los zafreros, fabriles, campesinos e indígenas, quienes en comparación con los primeros no poseen grandes extensiones territoriales.

Es a raíz de esos dos bloques que podría originarse un conflicto por la tierra, que aunque no sea violento, podría traer confrontación y división como lo sostuvieron los actores de este escenario, quienes a pesar de sus distintas visiones sobre esa distribución coinciden en que hay que buscar escenarios de diálogo.

Así lo hizo notar el senador y empresario riberalteño por Podemos Mario Vargas, quien duda que en esa región se deba hacer alguna redistribución. “Más bien, para evitar el enfrentamiento, se debe propiciar una alianza estratégica entre todos”, dijo.

Para el representante de los campesinos Manuel Cuadai, quien habla de “redistribución”, ésta debe hacerse de manera concertada. Mientras que Ruperto Mutari, secretario de Tierra y Territorio de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (Cirabo), descartó que ocurran “avasallamientos porque —dijo— eso ocurre cuando hay propiedad privada que es legal, lo que no está ocurriendo con muchas concesiones”.

No obstante, para el presidente de la Cámara de Exportadores del Norte, con sede en Riberalta, Alfredo Oilo, en esa zona la única tierra que se debe distribuir es la fiscal porque la demás, según dijo, ya tiene dueños. Así añadió que la garantía de que no ocurra confrontación pasa porque el Gobierno “defina de una vez su política de tierras”.

Pero para quien parece inevitable que el actual escenario de la posesión de tierras cambie es para la ministra Muñoz, quien sostuvo que los indígenas tienen una visión “revolucionaria” sobre el tema y éstos no se aventurarán a enfrentarse con el terrateniente o con el Estado. “Ellos tienen estrategias más sutiles para recuperar su territorio. Ahí tenemos a los indígenas que de manera muy organizada van avanzando para recuperar sus territorios”.

Es en ese contexto que Julio Urapotina dijo que la demanda de los pueblos indígenas asciende a “dos millones de hectáreas de las que sólo 600 están tituladas actualmente”.

A ello, según Urapotina, se debe sumar la demanda de los zafreros y fabriles que no tienen territorios. “Se podrá evitar el conflicto sólo si cada uno de los sectores accede a su derecho de tierra sin perjudicar el derecho del otro”, comentó y añadió que la lógica es que por sobre todo se dote de tierras a aquellos que actualmente no la poseen.