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La decisión fue comunicada por el viceministro paraguayo, Emilio Giménez, al embajador boliviano en Asunción, Marco Antonio Vidaurre, quien fue convocado expresamente para el efecto tras conocerse la decisión de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare).

"Le convoqué al embajador para manifestarle la molestia y el desagrado que tiene el Gobierno de Paraguay, porque el Gobierno de Bolivia, desconociendo las pruebas que les hemos dado, ha dado el estatus de refugiados a estas dos personas que están acusadas del secuestro y homicidio de Cecilia Cubas", afirmó Giménez.

La Corte Suprema de Justicia de Bolivia dictó la semana pasada una orden de detención con fines de extradición contra los imputados. "La justicia boliviana ha colaborado, ha entendido la situación y ha dictado una resolución por la cual se ordena el apresamiento de estas dos personas y aún así el Gobierno desconoció esa orden de la Corte Suprema de Bolivia", acotó el viceministro, al enfatizar que en su país no hay persecución política.

La Fiscalía paraguaya acusa tanto a Acosta como a Franco, así como a otros seis detenidos en Argentina, de haber participado en una reunión de una fracción del izquierdista Partido Patria Libre (PPL), en la que, supuestamente, se decidió la suerte de Cecilia Cubas. Otra decena de activistas de la misma facción política han sido detenidos. Cubas, de 31 años, fue secuestrada el 21 de septiembre del 2004 cerca de su casa por un grupo armado, y su cadáver fue hallado el 16 de febrero del 2005 en una fosa de una casa de un municipio aledaño a Asunción, pese a que su familia pagó un rescate de unos 800.000 dólares. Asunción, EFE