Los resultados del Referéndum por las autonomías muestran un conjunto de proporciones en los distintos departamentos del país en los cuales se expresan las posiciones del electorado. Si bien el NO se impuso en cinco departamentos y el SÍ en los otros cuatro, interesa leer también las fracciones —no desestimables— que votaron por el SÍ en los departamentos en que triunfó el NO y los que votaron por el NO en aquellos en que triunfó el SÍ.
Más allá de este juego de palabras y de los propios resultados, el último Referéndum por las autonomías pero fundamentalmente el proceso constituyente, han instalado en el debate y en la reflexión de los distintos actores sociales y políticos el problema del Estado y del actual ordenamiento político-territorial del país.
Distintos sectores sociales, desde hace varios años, han venido elaborando una serie de críticas al Estado centralista, burocrático e ineficiente, así como desde otras perspectivas, profundos cuestionamientos a un modelo estatal excluyente, homogeneizador y que no representa los intereses de sectores sociales emergentes como los pueblos indígenas, ni la dinámica actual del país. En ese sentido, de cara a la Asamblea Constituyente, se han presentado una serie de planteamientos que proponen modificar la actual estructura estatal. En unos casos por la vía de los departamentos, en otros vía municipios o mancomunidades, o bien con base en unidades subnacionales más reducidas.
Sin embargo, el proceso electoral y la desafortunada elección simultánea de constituyentes junto con el referéndum, han distorsionado el sentido de la discusión por las autonomías y la reforma estatal, pues, los partidos políticos han asumido determinadas posturas en relación con el tema, confrontando y polarizando en sus campañas electorales el escenario de decisión ciudadana. Si a ello se añade un proceso insuficiente de información y socialización ciudadana, la formulación de una pregunta bastante ambigua y general, así como una Ley Marco del Referéndum (del 2004) que fue aprobada de manera apresurada y con importantes vacíos legales, encontramos que en definitiva, los resultados de este evento dejan mucho que desear, no por los porcentajes obtenidos a favor del sí o del NO, sino por la distorsión que se ha producido del debate sobre el tema.
Finalmente, en este momento se produce una discusión post-referéndum sobre las interpretaciones legales a los resultados, sobre el carácter nacional del referéndum establecido en la ley marco del 2004 versus la clara vinculatoriedad departamental que se expresa en la pregunta y en la última convocatoria. Evidentemente este debate resulta insulso cuando se recuerda el camino avanzado respecto a la necesidad de modificar la actual estructura estatal y, por otra parte, sobre la necesidad también de respetar la voluntad soberana sobre un tema que evidentemente tiene connotaciones más regionales que nacionales.
Vale la pena retomar aquel debate histórico sobre la reforma del Estado y la necesidad de discutir su descentralización, antes que caer en esencialismos legalistas que sólo pueden conducir a la confrontación del país.
*María Teresa Zegada es socióloga.
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