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El retorno de la tranquilidad se producirá con la decisión, anunciada por el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, de que se ha instruido el repliegue de los efectivos militares que en los últimos días asumieron el resguardo de cuatro instituciones públicas, con el propósito de impedir que sean ocupadas por la misma gente que causó los incidentes en la COD, según la explicación oficial.

La versión que dio el Primer Mandatario, de que el despliegue militar se originó en un pedido del Prefecto y de la dirigencia cívica de Santa Cruz, fue desvirtuada por ambas partes. "Nunca pedimos la militarización", dijo el prefecto Rubén Costas, en tanto que el dirigente cívico, Germán Antelo, adujo que hubo una confusión del gobernante, porque ese pedido se realizó en otro contexto, "el de la seguridad ciudadana, que en febrero era crítica", dijo. Así se hicieron las aclaraciones.

Esta tendría que ser una lección, tanto para el Gobierno como para Santa Cruz, de que lo mejor que debe hacerse es dialogar y concertar, para que haya entendimiento, por encima de las intemperancias. El interés nacional así lo demanda en este momento.

Se podría llegar a tal nivel de conciliación si las autoridades y dirigentes cívicos de Santa Cruz reconocen que existe en el país un Gobierno central y, al mismo tiempo, admitir que éste cuenta con el respaldo de la propia ciudadanía cruceña, como quedó demostrado con los resultados de la elección de la Asamblea Constituyente. Es decir, que en Santa Cruz se tiene que reconocer el triunfo del MAS, en lo que concierne a la Constituyente.

A su vez, el Ejecutivo tiene que evitar confrontaciones con Santa Cruz. No le hacen bien a la convivencia nacional. Asimismo, tiene que aceptar el SÍ por las autonomías. En suma, el Poder Ejecutivo debe guardar el respeto que se merece la institucionalidad, la voluntad y la diversidad que representa Santa Cruz en la compleja realidad del país.

Así, a una y otra parte, les corresponde soslayar las posiciones extremas —muchas veces poco transparentes— con las que el daño que puede inferirse es a la propia nacionalidad.

En este marco, resulta sorprendente que el partido gobernante hubiera elaborado un plan para intervenir 35 instituciones cruceñas, en ocho de las cuales se registraron ya enfrentamientos. Consultado sobre el caso, el vicepresidente del MAS en Santa Cruz, Zacarías Flores, admitió la existencia del documento y expuso que esa lista se hizo para tener el control de las entidades dependientes del Estado central, pero que el plan fue suspendido debido a las peleas entre los militantes.

Acerca de lo anterior, habría que señalar que, en el fondo, todo Gobierno tiene derecho a disponer de las oficinas públicas. Esto ocurrió siempre, por tanto, en esta materia no debería extremarse la sensibilidad cruceña. De igual manera, otro tanto podría decirse del empeño que todos los gobiernos tuvieron de controlar los sindicatos. Sin embargo, el cómo se ejecuta la intención es el punto de la indignación.