Irrefutablemente vinculante
Mariella Pereyra Ortiz*

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Partiendo de diferentes perspectivas y de forma desordenada y hasta confusa, se ha venido debatiendo sobre la viabilidad de un régimen autonómico de gobierno en los departamentos. Y a pesar de que la mediatización y masificación de las autonomías ha estado guiada por intereses, entusiasmos, imprecisiones y prejuicios que han provenido de autoridades que son parte de la institucionalidad del Estado —como ser el Presidente Constitucional de la República— y por la tozuda campaña en su contra —sobre todo en el canal de televisión oficial—; hoy es irrefutable que el establecimiento de autonomías en los departamentos se ha reubicado con inédita prioridad en la agenda política del país.

La instauración de autonomías en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, es una realidad ineludible que está más allá de los afectos o desafectos, las adhesiones u oposiciones que pueda suscitar. Ya no se trata de una inquietud académica periférica de un sector especializado —como lo fue durante mucho tiempo—; ya es innegable que dista mucho de ser la preocupación de una élite departamental, de un sector oriental ´oligarca y despótico´ o de un movimiento regional cívico y/o empresarial que obedece meramente a sus intereses.

En este instante hay movimientos políticos, regionales, sociales, gremiales y cívicos en apronte, unos para defender los resultados afirmativos y otros para garantizar que se tomen en cuenta los resultados en contra del establecimiento de autonomías en nuestro país. Los unos y los otros poseen razón y además luego del 2 de julio las demandas de ambos están amparadas en la legalidad y legitimidad que les otorga la vinculatoriedad del mecanismo democrático del referéndum.

Aquí no se trata de discutir si las autonomías departamentales son eficientes o si los cruceños somos separatistas, racistas y oligarcas; es oportuno precisar (sin demora, antes que la viveza política criolla proponga un debate destinado a oscurecer y justificar todo) que debemos acatar los dictámenes vertidos en democracia y aceptar que cuatro de las nueve regiones departamentales bolivianas requieren gobiernos autónomos y precisan que su legítima voluntad —democráticamente expresada en las urnas— sea considerada y por sobre todo respetada.

Por otra parte, es del caso anotar que todavía no existen mayores aproximaciones sobre los recursos y competencias que se van a administrar en el nivel intermedio de gobierno, que aún permanece difusa la manera como deben asociarse el mayor nivel de descentralización que llevan consigo los gobiernos autonómicos, con la generación de espacios que concreten la unidad nacional y por ende un Estado viable.

Con el trasfondo de estas consideraciones, es una prioridad que la Asamblea Constituyente supere las polaridades regionales, que no persista en continuar con la práctica de una serie manifestaciones autoritarias que ponen en peligro la estabilidad democrática y de respuestas a los desafíos coyunturales autonómicos; puesto que es ineludible no aceptar que en enero del 2005 ya asistimos al desmontaje del Estado centralista y tampoco se puede hacer caso omiso a que este 2 de julio hemos sido partícipes de la premier del régimen autonómico departamental.

*Mariella Pereyra
es cientista política.