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La mayoría de los atracos y secuestros se dieron, en particular, en zonas turísticas del occidente; lugares como Copacabana, Tiwanaku y Desaguadero, donde las agencias de turismo ofrecen paquetes a turistas llegados desde el Cusco, Perú.

En estos hechos, terribles y lamentables para los turistas y perjudiciales para Bolivia como país receptor del turismo, existen varios elementos que inquietan, que son confusos y que llaman poderosamente la atención.

El primero, es aquel que evidenció este periódico donde nuevamente miembros de la Policía estarían involucrados, de un modo u otro, en hechos delictivos, puesto que al momento se investiga el porqué tres uniformados de la Policía de El Alto que conocían de las operaciones de las bandas de secuestradores, no cumplieron con los procedimientos que correspondían para denunciar y, luego, para aprehender a los malhechores.

El segundo, es que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) al momento de la presentación pública de los miembros de las bandas de secuestradores, conoce qué efectivos de la Policía de El Alto están involucrados, pero no denuncia nada al respecto. Mantiene silencio, cual si estuviera escondiendo algo o encubriendo a los miembros de su institución.

El tercer elemento tiene que ver con más preguntas que respuestas sobre el avance en las investigaciones en el siniestro caso del secuestro y posterior muerte de dos turistas austriacos y de un ciudadano español. En ambos casos, cuyos móviles son similares, el Ministerio de Gobierno descubrió que un investigador de la ex Policía Técnica Judicial (PTJ) estaba involucrado. Vale recordar que aquella evidencia obligó a esta repartición de Estado a una reestructuración, súbita, de la PTJ para dar paso a la FELCC. Pero más allá de ello, nada.

No se sabe en qué estado están las investigaciones de los otros casos de turistas atracados, qué esfuerzos se han hecho para dar con el paradero del cabecilla de la banda que secuestró y mató a los austriacos y al turista español, no se tiene información qué pasó con el oficial investigador que estaba acusado de estar involucrado en el caso. Es más, nunca se informó del caso. Otra vez parece que se está frente a la perversa protección policial.

Y finalmente, todo el conjunto de sucesos que inevitablemente producirán un efecto multiplicador sobre la actividad turística. Es decir, ante la imposibilidad que tiene el Estado nacional, a través de las instituciones correspondientes, de garantizar una estadía segura para los turistas, toda la cadena de la industria se verá afectada, sino lo está ya.

En este momento, si la Policía no actúa con seriedad y responsabilidad, se estará poniendo en juego la reputación no sólo de la institución boliviana sino de las garantías y seguridades que da un Estado a los visitantes de otras naciones. No poco está en tela de juicio para no transparentar estos hechos.