La futura ABC dará más tarea a las regiones Patricia BalliviÁn, presidenta del Servicio Nacional de Caminos (SNC), quiere una administración eficiente de los recursos de la cooperación internacional.
La liquidación del Servicio Nacional de Caminos (SNC) y la creación de la Administración Boliviana de Caminos (ABC) siguen su trámite en el Congreso. Los poderes Ejecutivo y Legislativo se pusieron de acuerdo para que una institución se dedique a atender juicios y la otra, al diseño y la administración de la Red Vial Fundamental. La presidenta del SNC, Patricia Ballivián, adelanta que habrá nueve oficinas regionales; asegura que esto no afectará el trabajo de los servicios prefecturales de caminos.
¿Cuál es la situación del SNC y por qué se decidió liquidarlo? Actualmente, el SNC se ha dedicado a atender muchos juicios ejecutoriados, procesos coactivos y procesos por demandas sociales. Son cerca de 480 procesos y están de por medio mandamientos de apremio, embargos, y paralelamente estamos haciendo construcción y mantenimiento de carreteras. En este marco, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo hemos visto la necesidad de cerrar una institución y abrir una nueva.
¿Por qué tomaron esta decisión? El SNC es una entidad que maneja más de 60 millones de dólares de inversión, que son recursos de la cooperación internacional, y por esos juicios se está llegando incluso a congelar cuentas. Por la responsabilidad que tenemos de administrar con eficiencia estos recursos es que se toma la decisión de dividir en dos: una, en liquidación, y la creación de otra que será la Administración Boliviana de Caminos (ABC).
¿Cuáles serán las tareas del SNC en liquidación? Existen juicios ejecutoriados por 42 millones de dólares y otros 44 millones de bolivianos por juicios sociales y laborales que también tienen que ser enfrentados. En ese marco, el SNC en liquidación tendrá que hacer las correspondientes auditorías técnicas y legales, porque las consecuencias en términos económicos son cuantiosas para el Tesoro General de la Nación. Para cumplir con la ley, se tendrán incluso que vender activos. Son procesos largos y de dedicación.
¿Y en qué queda la institucionalización de Caminos? Con la nueva Administradora de Caminos, queremos mejorar la institucionalización. El proceso no ha sido malo, pero se debe cumplir los parámetros que se han propuesto. De acuerdo a un diagnóstico realizado, nos falta mucho: de 14 indicadores, sólo se han cumplido nueve.
¿Cuál será el rol y las tareas de la nueva empresa? ABC se queda con la razón de ser del Servicio Nacional de Caminos; es decir, administrará el diseño, construcción y mantenimiento de la Red Vial Fundamental del país. Es decir, lo único que estamos haciendo es separar una institución que, por un lado, está ahogada por juicios que no la dejaban funcionar, y crear una nueva que pretende ser eficiente en todas las funciones, buscará llegar a la certificación ISO 9000 por la responsabilidad en la administración de recursos y la ejecución de obras, y fortalecerá la administración regional.
¿Desaparecerán los servicios prefecturales de caminos? Los Sepcam son entidades que dependen de las prefecturas y tienen responsabilidad en las redes departamentales. La nueva ABC tendrá nueve oficinas (actualmente son 10), que dependerán de una oficina central, pero se hará cargo de la red fundamental en lo que hace a diseño, construcción y mantenimiento a través de procesos de terciarización.
¿Cómo se van a fortalecer estas oficinas regionales? Está previsto desconcentrar la oficina nacional y asignar más personal técnico y operativo a cada regional. Cada una tiene que estar tan fortalecida, tanto en el aspecto administrativo como operativo y técnicamente, para ser más eficientes y evitar que en las obras se generen órdenes de cambio, que demoran la inversión y conclusión de las obras.
¿Cuál será la estructura de la ABC? Tendrá un directorio de cuatro ejecutivos. Será una institución autárquica descentralizada y tendrá tuición del Ministerio de Obras Públicas. Los directores serán elegidos de una terna propuesta por la Cámara de Diputados.
“Se tendrán que hacer auditorías (...) las consecuencias en términos económicos son cuantiosas para el Tesoro General”.