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“Los inversionistas de la APMI, después de haber presentado el estudio de factibilidad y aprobado en todas sus etapas por la Comibol, sólo están a la espera del empuje definitivo del Gobierno, que hará del Complejo Metalúrgico de Karachipampa una de las fundiciones más importantes del continente”, dice una nota de prensa de APMI.

El vicepresidente de APMI en Bolivia, Luis Bottani, añade que se analizarán las garantías jurídicas en el país, la seguridad para las inversiones y la estabilidad tributaria, antes de seguir adelante con firmas de contratos de riesgo compartido para ejecutar trabajos de exploración en nuevos yacimientos.

Esta empresa firmó un contrato de riesgo compartido con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) el 28 de junio del año pasado. Ese convenio establece una distribución porcentual de las utilidades netas de 35% para la estatal minera y de 65% para APMI. A partir de la suscripción del contrato, la inversionista tenía 10 meses para presentar el estudio de factibilidad, con lo cual cumplió el 21 de abril de este año.

Bottani informa en la nota de prensa que la Comibol y la inversionista APMI se proponen la diversificación a otros procesos de industrialización de los elementos no metálicos como la ulexita. “Se optaría también por la instalación de una Planta de Ácido Bórico sobre la base de la ulexita del salar de Uyuni y Coipasa”, agrega dicho comunicado.

Si APMI decide continuar con el proyecto, y tomando en cuenta las decisiones del Gobierno, tendría un tiempo no mayor a 30 días para concluir las negociaciones con los inversionistas extranjeros, de tal manera de terminar con el 100 por ciento del financiamiento, dice la nota.

También indica que, a la fecha, se concretó el 80 por ciento de lo comprometido.

La inversión resultante del estudio de factibilidad hecha por Western States Engineering, de Estados Unidos, para la reactivación del complejo de Karachipampa, con una capacidad de tratamiento de 80.000 toneladas al año, es de $us 102,3 millones.

“El 95 por ciento de los componentes del consumo intermedio son de procedencia nacional y requerirán pagar los impuestos de ley como IVA en el mercado interno, el uso y consumo de agua, energía eléctrica y gas para la operación de las plantas. Esto ocasionaría un movimiento económico de cerca de 10 millones de dólares”, apunta la nota.

EFECTOS SOCIALES

Empleos • Este proyecto puede generar 1.080 empleos directos y 6.480 indirectos. Por la producción de concentrados, las minas en actual operación y otros proyectos como San Cristóbal, San Bartolomé, San Vicente, Mesa de Plata y otros, pueden generar 43.240 empleos directos, lo que representaría más de 100.000 indirectos entre construcciones, transporte, comercio, banca, servicios y otros.