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Aunque esta forma de inclusión indígena puede plantearse a nivel regional o departamental, tal como propone, por ejemplo, el Conamaq, su medio ambiente más natural es el espacio local, el municipio. La causa de esto radica, según Gonzalo Colque, en la fortaleza más o menos extendida de la comunidad indígena y sus usos y costumbres en el nivel local.

Toda vez que en el censo del 2001 se vio que más del 60% de la población se identificaba indígena, lo que hoy se tiene ante la Constituyente, señala Albó, es la necesidad de construir un Estado intercultural y plurilingüe.

Uno de los “usos y costumbres” indígena comunales vigente en varios municipios rurales del país es la combinación entre la forma colectiva de elección de las autoridades originarias y su participación en la democracia municipal.

Para Colque, se trata de la complementación entre lo que se puede denominar la “democracia del consenso” y la democracia basada en el voto. Por lo menos hoy, debido a la unidad que necesita la comunidad para desarrollarse, lo más adecuado es que tenga supremacía la tradición colectiva de la comunidad. La designación de candidatos a alcalde por cabildo (y su posterior elección en las urnas) otorga a la nueva autoridad una importante legitimidad social, un apoyo al alcalde que es producto del acuerdo de varias asambleas o cabildos, desde las mismas comunidades, “de abajo hacia arriba”.

Si un alcalde es previamente designado por el cabildo y gana las elecciones, su victoria no será producto del triunfo de unos sobre otros, sino del común acuerdo del cabildo. Pese a la pluralidad de pensamiento que establece la democracia liberal, en los hechos en las comunidades esto tiende a la división y a la fragmentación social y política, y ello es, precisamente, una de las causas de la ingobernabilidad. Afirma Colque: “Si no hay la legitimidad que da el consenso en la designación de los candidatos por cabildos o asambleas, lo que se tendrá luego son municipios ingobernables”.

Pero de lo que se trata es de complementar, como se ha venido haciendo ya en los municipios de fuerte presencia indígena. Para el investigador, no se trata de sustituir la democracia que hoy tenemos en el país por la comunal, sino de compatibilizar ambos sistemas. En unos casos, la designación colectiva puede ser el inicio para que en las etapas finales se aplique la elección por el voto individual; en otros, será al revés: de varios candidatos se podría culminar con la designación de uno en el cabildo. El punto es evitar la fragmentación y la ingobernabilidad política.

Por otra parte, el control social es, por lo general, la forma más común de participación de las autoridades originarias en la gestión municipal. Aunque también muchos alcaldes y concejales se identifican indígenas: en una encuesta que Xavier Albó realizó el 2002, se encontró que el 65% de los mismos afirmaba ser indígena.

Por lo demás, actualmente, en el área rural ya es una tradición que en los hechos el gobierno municipal esté conformado por el alcalde, el concejo y las autoridades originarias. Uno de los casos más emblemáticos de este “gobierno de tres cabezas” es el que se da en el municipio orureño de Curahuara de Carangas, donde incluso las gestiones cotidianas las realizan las tres autoridades juntas.

COMUNIDADES

Mercado • Si bien la comunidad indígena actualmente es más una reivindicación cultural y política, su fundamento es económico, de posesión y propiedad sobre la tierra en forma comunitaria. Es este rasgo central el que se desestructura con la expansión del mercado y la economía mercantil.

RR.NN. • Para Xavier Albó, entre los recursos naturales a que tienen derecho los indígenas, hay que distinguir los estratégicos y nacionales de los locales, entre los renovables y los no renovables.

Respeto • Según la OIT, los pueblos indígenas en su territorio tienen derecho a que se les consulte por cualquier actividad económica que les afecte, así como que se les compense si sufren algún daño.

Obras unen lo urbano y lo rural

Después de casi 10 años de ingobernabilidad, el municipio de Viacha al fin parece entrar en una etapa de estabilidad institucional. Este periodo de relativa calma supera el tiempo en que en el municipio incluso llegaron a enfrentarse entre distritos municipales, especialmente entre los tres urbanos y el único rural.

La actual estabilidad se debe a dos causas, según el alcalde Arsenio Lamas Chambi: por un lado, la estructura administrativa de la alcaldía fue reformada para brindar un trato similar a los cuatro distritos que forman el municipio (tres urbanos y uno rural), y, por otro, se realizan obras que son de interés de todos los sectores, como el Coliseo Cerrado, concluido recientemente.

De los cerca de 50 mil habitantes que tiene el municipio, poco más de 17 mil viven en las 63 comunidades de su distrito rural.

La confrontación que había entre la población de la capital y el área rural también fue superada, según Chambi, mediante innumerables “reuniones de consenso”, la comprensión de que el continuo cambio de alcaldes sólo retrasaba el desarrollo del municipio, y que era urgente sanear las finanzas y la administración de la alcaldía.

Viacha es un ejemplo de que las comunidades indígenas pueden convivir con el gran centro poblado (la ciudad intermedia), bajo la forma del Distrito Indígena; un distrito en que se mantiene la elección de sus autoridades y candidatos mediante cabildo.

Las TCO y los municipios

Por lo menos en dos municipios del oriente hay una relación complementaria entre la Tierra Comunitaria de Origen, TCO, y la administración municipal.

El municipio cruceño de Ascensión de Guarayos se encuentra dentro de la TCO guaraya; tiene 16 mil habitantes, un 40% es indígena. Según su alcalde, Franz Robert Schok, el beneficio concreto de ser parte de la TCO consiste en que los indígenas guarayos tienen una activa participación en la defensa y preservación del área boscosa.

Lo mismo pasa en San Ignacio, cuyo alcalde, Erwin Méndez Fernández, señaló que el hecho de contar con una TCO chiquitana al interior del municipio, beneficia a la economía de la región por el hecho de que se practica una explotación sostenible de los recursos forestales; esta labor, de cuidado y aprovechamiento racional del bosque, está a manos de las comunidades indígenas.

En ambos casos, los alcaldes manifiestan que la población indígena además de contar con representantes en el concejo municipal, tiene una importante presencia en los comités de vigilancia.

Cuando San Ignacio tiene 42 mil habitantes, de los cuales 22 mil están en el área rural, de común acuerdo con las comunidades indígenas, el municipio se propuso cuatro grandes objetivos: dotar a todas las comunidades de agua potable, electrificación, postas sanitarias y apoyo a la actividad productiva local indígena.

Ley para municipios indígenas

El diputado nacional por la provincia Omasuyos, Leandro Chacalluca, alista un proyecto de ley que reconozca y norme de alguna manera el municipio indígena.

El proyecto parte del principio de que en el país debe haber un tratamiento diferenciado a los municipios, según sean éstos rurales, urbanos (ciudades intermedias) y capitales de departamento. Por ahora, se trataría de introducir una norma específica para lo indígena edil.

El proyecto establece que el municipio indígena tenga un tratamiento especial de parte de los demás órganos del Estado, como la Contraloría de la República o el Ministerio de Hacienda.

También se establecería la obligación del gobierno municipal de popularizar al máximo la información técnica y financiera edil, poner a disposición de la comunidad todo lo que deba ver con una obra, como facturas, contratos, cheques (fotocopias) y otros.

Otra disposición de la futura ley es que la inversión municipal dé una preferencia efectiva al productor local, que las obras sean realizadas por microempresas y trabajadores locales, proceso en el cual tengan activa intervención las comunidades originarias.

Leandro Chacullaca es ex alcalde del municipio de Ancoraimes. Fue elegido candidato a diputado uninominal por la provincia Omasuyos en un ampliado de la Federación de Campesinos provincial.

Diversa presencia indígena

La presencia indígena en los municipios difiere según el grado o tipo de desarrollo alcanzado fundamentalmente por la comunidad campesina. Si bien en esto hay que hablar del desarrollo económico, en lo principal se trata del impulso político.

En la natural contradicción que existe entre los “vecinos”, pobladores de la capital del municipio (muchos de ellos “residentes”), y las comunidades campesinas, se presentan no pocos problemas. Así lo certifican los alcaldes Nixon Mamani Amaru, de Guaqui (La Paz), y Límbert Arroyo Martínez, de Pazña, en Oruro. Ambos fueron electos alcaldes por las comunidades campesinas a través de previos cabildos. Esto sucedió en municipios donde incluso la población indígena no es la mayoritaria: en Pazña, de 5.400 habitantes, sólo 1.800 son indígenas.

Si bien aquí ya no se puede hablar de una abierta discriminación de lo urbano hacia lo rural, no dejan de haber, según Arroyo, ciertos “miramientos” contra el “alcalde de las comunidades”. Pero “nosotros ya somos otra generación y estamos contra esas cosas, y no nos disminuimos frente a otros”, señala enfático Nixon Mamani Amaru.

La mejor manera de enfrentar dicho distanciamiento urbano-rural, señalan los dos alcaldes, es trabajar por el conjunto del municipio, pues “somos alcaldes de todos, hay que tener equilibrio entre los proyectos, actuar de manera equitativa”, señala Arroyo.

Voto y designación de la mano

Jesús de Machaca nació como municipio en las elecciones municipales de diciembre del 2004. Una peculiaridad suya fue que desde el principio se reivindicó como “municipio indígena”. En los hechos, esto se tradujo en que la elección de sus candidatos fue realizada en sucesivos cabildos y asambleas. Si bien de principio, según cuenta el investigador Gonzalo Colque, se intentó prohibir abiertamente la participación de otros candidatos que no fueron elegidos previamente en asambleas, al final se aceptó la presencia de otros dos frentes.

El antropólogo Xavier Albó, que está inscrito en Jesús de Machaca y vota allí, refiere un hecho peculiar. Resulta que quienes se fueron a uno de los frentes contrarios al indígena, fueron algunas antiguas autoridades originarias que creyeron que en la designación de los candidatos no se respetó, precisamente, los usos y costumbres, esto es, el hecho de que siendo ellos autoridades que pasaron todos los cargos, también les correspondía ocupar este nuevo “cargo” de candidatos. Al no ser designados, ellos se presentaron a las elecciones con otro frente.

Colque nos da una de las pistas de la elección: una vez que hubo 10 candidatos, representantes de cinco parcialidades, un varón y una mujer, cada uno presentó “sus ideas, planes y propuestas”, y de entre ellos, “de manera abierta” se eligió al candidato a alcalde, quedando los demás como postulantes a concejales municipales.