• A LA CÁRCEL • Los esposos Mejía García son trasladados por policías, a sus respectivas celdas, para luego ir a prisión.

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Según informó ayer la cónsul de Bolivia en Calama, Irma Herrera, la sentencia fue pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, integrado por tres jueces, quienes dieron lugar a la mayor condena aplicada por ese juzgado desde la vigencia de la Reforma Procesal Penal en ese país, es decir, desde el 2001.

El niño Juan de Dios Mejía García murió el 17 de mayo del año pasado, en un hecho que por su crueldad conmocionó a la comunidad de Calama, ciudad situada a 1.564 kilómetros al norte de Santiago de Chile.

El caso quedó al descubierto a las 13 horas de ese día, en la calle Chacabuco 2849, cuando efectivos de Carabineros hallaron agónico al menor. Al lugar también acudió una ambulancia, cuyo personal intentó reanimar a la criatura, pero sin lograrlo, por lo que lo trasladaron al Servicio de Urgencia, donde el médico sólo pudo certificar la muerte.

Según el fallo, “la crueldad en este caso sobrepasó todos los límites” y llegó a terminar con la vida del niño que, según el informe médico, durante su corta vida sólo supo de golpes y maltratos. Según el examen forense, el cuerpo del niño, de 98 centímetros de estatura y 22 kilos, presentaba huellas de 592 lesiones, entre fracturas, contusiones y cortes ocasionados por las palizas propinadas por sus padres, informó ayer la agencia EFE y el diario El Mercurio de Calama.

Por ello, Mejía fue condenado como ejecutor del delito y con las agravantes de uso de la superioridad física y la fuerza para golpear al menor. La mujer, en cambio, recibió el castigo por no hacer nada para evitar el sufrimiento de su hijo.

Según el código procesal chileno, la cadena perpetua simple significa que el condenado no podrá acceder a beneficio alguno antes de pasar un mínimo de veinte años. Durante el proceso, ambos padres de 24 años, se culparon mutuamente.

Naldir Mejía aseguró que tenía título de comunicador social en su país, que no le servía para trabajar en Chile, mientras que su esposa es secretaria ejecutiva, pero en Chile trabajaba como empleada doméstica.

En Calama, según el Consulado, viven cerca de 15 mil bolivianos de manera legal y unos cinco mil de forma irregular, todos ejercen funciones de mano de obra.

Pero el drama de esta familia no termina allí. Mientras se encontraba en detención, Kantuta García dio a luz, en enero, a una niña que actualmente está bajo cuidado estatal y cuya custodia habrían solicitado, desde el país, parientes de la pareja. Sin embargo, la abogada del menor, Patricia Durán, duda que eso ocurra, porque durante el juicio surgieron antecedentes de que el pequeño Juan de Dios fue maltratado por otros familiares.

El caso desató discriminación

El asesinato del niño provocó una ola de discriminación en Calama, según reveló ayer a La Razón la cónsul de Bolivia en esa ciudad, Irma Herrera.

“Luego de que se conoció el caso empezaron a brotar actitudes discriminatorias entre esta comunidad, tanto que existe la creencia que los bolivianos tenemos la costumbre de maltratar a nuestros niños”, dijo.

Herrera relató que incluso muchas de las empleadas domésticas bolivianas que trabajaban en hogares chilenos fueron despedidas sistemáticamente porque los chilenos temían por sus niños. “Incluso en el edificio donde yo vivía no me bajaban de boliviana asesina”, relató. La diplomática recordó que también está fresco el caso de la niña de nueve años, de padres bolivianos, que era violada por su padrastro y que tuvo un bebé producto de ese crimen. “Son casos aislados, los bolivianos no somos así”, añadió.