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Es lamentable que la empresa estatal, que está dando sus primeros pasos después de haber sido recuperada del estado de postración en que la había dejado la capitalización, caiga tan pronto en hechos lamentables como el que acaba de observar la Superintendencia. Las explicaciones dadas tanto por el presidente de YPFB como por el ministro Andrés Soliz Rada, no han podido esclarecer este caso, donde el Estado boliviano perdería 3,8 millones de dólares.

Esta situación se produce justamente cuando el Gobierno acusa a algunas empresas petroleras de haber hecho contrabando de exportación mediante operaciones irregulares. La obligación de quienes manejan YPFB debía consistir en hacer todo lo posible por mostrar que la empresa valía la pena y que jamás incurrirá en malos manejos en las operaciones de exportación, como el que acaba de observar la Superintendencia.

La empresa estatal ha logrado, como resultado de batallas políticas, contar con la exclusividad para realizar la comercialización de hidrocarburos. Por lo tanto, mal hacen los actuales ejecutivos al ceder ese derecho logrado con tanto sacrificio, sólo para beneficiar a empresas extranjeras. También es lamentable que las autoridades de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos observen un fallo de la Superintendencia, cuando se trata de un ente regulador. Lo que corresponde es apelar este fallo ante el Sirese, pues así funciona el sistema de regulación.

Puede ser que estos contratos permitan importar diesel oil más barato, como argumentan las autoridades observadas. Lo que no parecen entender es que han violado reglamentos específicos que la Superintendencia tiene la obligación de exigir.

Actuar de otra manera es mostrar poco respeto por las instituciones reguladoras.