• EN SU LECHO DE ENFERMO • Sáinz se ratificó en cada uno de los puntos contenidos en el fallo de la Superintendencia.

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El miércoles en la noche, el presidente de YPFB, Jorge Alvarado, y el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, convocaron a una conferencia de prensa donde dieron lectura a un comunicado conjunto en el que señalaban que “la Superintendencia de Hidrocarburos ha cometido error de interpretación y aplicación” de normas legales.

Ayer, el director de Comercialización de la Superintendencia de Hidrocarburos, Jorge Téllez, denunció que la entidad reguladora “ha recibido presiones” y aclaró que la conferencia de prensa de Soliz y Alvarado no pudo hacerse a las 17.00, “porque nos querían obligar a que vayamos a firmar un documento, que es el que han leído, que dice que reconocemos que nos hemos equivocado”.

“Ellos querían que nosotros firmemos y leamos en esa conferencia de prensa, reconociendo que nosotros nos habíamos equivocado, y no nos hemos equivocado en nada. El análisis técnico administrativo que hemos hecho está cien por ciento correcto y ha sido hecho por expertos de alto nivel profesional y moral, cosa que escasea al otro lado de Yacimientos”, precisó Téllez.

Según los antecedentes contenidos en la Resolución Administrativa 1014/2006 de la entidad reguladora, YPFB firmó un contrato lesivo para el Estado con la firma Iberoamérica para vender 2.000 barriles diarios a la empresa brasileña Univen Petroquímica.

La Superintendencia sostiene que Iberoamérica, en su calidad de intermediadora, pretende pagar por el crudo un precio menor al de otras compañías. Asimismo, cuestiona que esta empresa venderá a Yacimientos diesel a un precio supuestamente perjudicial para la estatal petrolera.

Téllez aclaró que “el Presidente de YPFB y el Ministro de Hidrocarburos no han podido demostrar que la Superintendencia se ha equivocado” y aclaró que “no lo van a poder hacer, porque nosotros estamos conscientes del trabajo que hemos hecho”.

“Nosotros no aceptamos ningún tipo de presiones que vayan en contra de nuestra honorabilidad, de nuestra honradez y de nuestra capacidad técnica”.

El miércoles, Soliz y Alvarado aseguraron que la Superintendencia aclararía el error que cometió al prohibir esta venta. Sin embargo, un día después y aquejado por una enfermada renal, el superintendente de Hidrocarburos, Víctor Hugo Sáinz, ratificó el trabajo de su despacho.

“La Superintendencia reafirma la posición tomada en la Resolución 1014. El próximo paso legal es que la empresa Iberoamérica presente un recurso de revocatoria si cree que sus intereses han sido afectados”, dijo.

Mientras Sáinz realizaba estas declaraciones en Cochabamba, Alvarado acusó nuevamente a la Superintendencia de brindar información contradictoria. Según el funcionario de YPFB, la entidad regulatoria presentó dos informes contradictorios sobre una supuesto daño económico al Estado boliviano. El intendente interino de Hidrocarburos, Mario Adrián, aclaró —en base a la última información que le proporcionó Yacimientos— que el daño económico que se pretendía causar al Estado no era tan sólo de 2,04 millones de dólares anuales, sino de 38,58 millones. “La Superintendencia aclara que la información que es difundida en la Resolución 1014, en la que se indica una pérdida para el Estado de $us 3,8 millones, es producto del análisis de los contratos de Iberoamérica, Univen y YPFB; y el segundo documento, presentado al Presidente, contiene una evaluación en base a información adicional que fue proporcionada posteriormente por YPFB, con la que el perjuicio contra el Estado se incrementa considerablemente”. Redacción Central y Cochabamba

Contradicciones

Gobierno • El vicepresidente Álvaro García señaló que las refinerías no tienen la suficiente capacidad para refinar 3.000 barriles diarios de petróleo. Alvarado dijo que por eso se optó por hacer el contrato con Iberoamérica. Es más, indicó que “esta empresa hizo la propuesta de negociación”.

Súper • “Debemos señalar que como solución al déficit de diesel oil que enfrenta el país, particularmente la región del norte, YPFB debe entregar mayores volúmenes de crudo a las refinerías de Oro Negro, Reficruz y Parapetí, mismas que cuentan con capacidad ociosa”, señala un comunicado.