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Esta temática, ciertamente novedosa, se la ha recogido en el libro La trampa del rentismo, escrito por el intelectual boliviano Roberto Laserna, quien estuvo colaborado por los expertos José M. Gordillo y Jorge Komadina. La obra podía ser considerada como otra más de la bibliografía que se produce en el país, pero el hecho de que rebase el marco del estudio y derive en una propuesta merece la atención pública.

Antes, resulta pertinente explicar lo que se entiende por rentismo y las causales reales o aparentes que lo originan. Como resultado de un taller de reflexión convocado por la oficina del Banco Mundial en Bolivia, se estableció, según el libro, que "Bolivia sufre prácticas y comportamientos rentistas, que inhiben el desarrollo en el país de una economía capaz de generar riqueza y distribuir de una manera eficiente y equitativa los escasos recursos…", a lo que se añade que "el Estado es percibido como el principal responsable tanto del crecimiento económico como de la distribución, más que como un facilitador y regulador de las inversiones y el crecimiento".

La propuesta se la puede reputar como original, desde el momento en que plantea, en la conclusión de su contenido, que debería evaluarse con seriedad y de manera sistemática la posibilidad de establecer mecanismos directos de distribución de los recursos provenientes de la explotación del gas natural a los ciudadanos bolivianos mayores de 18 años de edad.

El planteamiento luce atractivo y es posible que atraiga muchas adhesiones, pero el caso merece algunos apuntes. Al presente, en cierta forma, se está procediendo ya con una distribución indirecta de esta naturaleza, con los subsidios a los carburantes (gasolina, GLP y diesel), porque su efecto repercute directamente en el público, así como en la actividad productiva, a través de un transporte automotor barato. Se estima que este año la erogación por tales subsidios puede llegar a más de 120 millones de dólares.

Extender el beneficio de manera monetaria —similar al Bonosol— podría tener sus dificultades. Alrededor del 60% de la renta del gas natural está siendo distribuido entre las prefecturas, municipios y universidades, para favorecer a sectores vitales de la población como la salud, la educación y la infraestructura caminera. El resto lo retiene el Estado nacional para atender los varios servicios administrativos.

Esto hace ver que los ingresos del gas natural están ya distribuidos y que, por los canales institucionales, se hallarían también dirigidos a beneficiar al ciudadano común. Algo que le falta al análisis de Laserna es un estudio numérico, para calibrar mejor la dimensión del reparto previsto. Es decir, cuántos ciudadanos se beneficiarían y en qué monto. Sólo así se podría apreciar mejor la viabilidad de la propuesta. Entretanto, queda como un aporte a la solución del rentismo corporativo, que es del que se habla para llegar a tal planteamiento. Una contribución que bien vale la pena tomar en cuenta.