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El superintendente de Hidrocarburos, Víctor Hugo Sáinz, emitió una resolución administrativa por la cual observaba la legalidad del contrato suscrito por YPFB con la empresa Iberoamérica Trading para que, a su vez, conceda el derecho a exportar petróleo a la empresa brasileña Univen.

Se demostró que la operación realizada por YPFB viola tanto la Ley de Hidrocarburos en vigencia como el DS 28701 que establece la nacionalización de los hidrocarburos, y que confiere a la estatal petrolera el monopolio total para la comercialización de los hidrocarburos producidos en Bolivia, así como le ordena cumplirlo ante cualquier empresa privada.

A partir de ese momento se produjo una larga lista de incoherencias. El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, se puso del lado del presidente de YPFB y observó la pertinencia de la resolución de la Superintendencia. Luego, la propia entidad reguladora cometió un error al pedir que los documentos referidos a la operación observada sean remitidos a la Fiscalía, es decir, a la justicia ordinaria. Esto no correspondía, porque el sistema de regulación dispone que cuando alguien tuviera alguna observación sobre la resolución de una superintendencia sólo puede apelar al Sirese general. Sólo si la parte interesada no estuviera de acuerdo con el fallo en apelación del Sirese, podría acudir a la Corte Suprema de Justicia.

Las incoherencias siguieron. El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, decidió intervenir y dijo públicamente que él había observado incorrecciones tanto de parte de YPFB como de la Superintendencia. La Vicepresidencia no forma parte del Sirese y no está llamada a intervenir.

La última irregularidad cometida en esta zaga es que el Presidente de YPFB señala que la Superintendencia de Hidrocarburos debiera cerrarse. Y la Fiscalía anunció que había llamado a los funcionarios de esta Superintendencia para que hagan declaraciones; y, como no se presentaron, emitió órdenes de aprehensión. Nada más improcedente y absurdo.

Nadie se ha preguntado hasta ahora ¿cuál es el rol del Sirese?, ni por qué no se acudió o se acude a ese sistema creado por el país para este tipo de situaciones. Un sistema que le cuesta recursos al país, cuyas facultades son las de regular los sectores, fiscalizar y atender al usuario, entre otras cosas.

El Sirese tiene, facultado por las leyes, la posibilidad de emitir resoluciones y multar a las empresas que hayan cometido irregularidades. Sin embargo, el Gobierno insiste en cerrar el Sirese y convertir a las superintendencias en direcciones bajo la tutela del Poder Ejecutivo. Es decir, convertirlas en algo así como juez y parte, sin autonomía. En este punto habrá que reparar que, de no haber sido por la oportuna observación de la Superintendencia de Hidrocarburos, es probable que en este momento el país habría consumado una pérdida de más de 30 millones de dólares por la ejecución de un contrato irregular.