De la caverna a la ley
José Gramunt de Moragas, S.J.*

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A todo buen boliviano le preocupa que las relaciones entre el Gobierno y las petroleras vayan de mal en peor, empezando con Repsol YPF y continuando en estos últimos días con Petrobras, las dos compañías más importantes que trabajan en el país. ¡Habíamos puesto tantas esperanzas en estos negocios! Pero si no se rectifica el curso de las conversaciones, éstas y otras empresas se reducirán al mínimo de lo que se habían propuesto y buscarán horizontes más seguros y rentables. Bolivia verá limitadas sus posibilidades de explotar el gas que duerme en las profundidades del subsuelo, y perderá puntos en la clasificación internacional de países confiables.

Tampoco consuela a nadie que el Gobierno se haga la víctima del imperialismo depredador, del neoliberalismo explotador y de otros calificativos denigrantes que ya no impresionan más que a los desinformados, como si aquellos sambenitos fueran los causantes exclusivos del desentendimiento. El victimismo es una actitud estéril. Lo que el ciudadano exige son menos quejas y mayor capacidad de negociar en beneficio del país. Un Gobierno se acredita cuando negocia con habilidad y eficacia, no cuando pierde las oportunidades y, encima, llora su propia ineptitud.

Sabemos que este tipo de negociaciones no son fáciles, porque cada una de las partes defiende lo que cree que son sus derechos y sus pretensiones. Lo son para el Gobierno, la propiedad original del gas y el fijar condiciones razonables a las inversiones. Para las empresas es fundamental el retorno de las grandes sumas ya invertidas y el legítimo lucro que esperan de ellas. Ni el Estado puede malvender lo que Dios otorgó al país para la prosperidad de sus ciudadanos, ni las empresas son instituciones benéficas que puedan permitirse el lujo de invertir enormes cantidades de dinero sin los correspondientes beneficios. Ambos platillos de la balanza deben lograr un equilibrio sostenible. Así que lo mejor es seguir negociando sin trampas ni zancadillas y con sentido pragmático y no con ideologías, por cierto trasnochadas.

Ahora bien: cuando el hombre salió de la caverna y tuvo que enfrentarse con el otro, pronto llegó a la conclusión de que, si no se establecían unas reglas mínimas de convivencia, era la guerra tribal. De ahí que se les ocurrió promulgar las leyes necesarias para ordenar la sociedad. Hubo legisladores insignes —los romanos, por ejemplo, en lo que se refiere al mundo occidental— que dejaron una huella tan profunda que marca incluso el Derecho actual de muchas naciones.

Lamentablemente, al lado de los grandes legisperitos, proliferaron hasta la época presente los leguleyos simplones que tejieron leyes cuyo articulado es incoherente, contradictorio, impracticable, y otras maravillas. Ahí es donde la negociación entre las partes se complica ad infinitum o se hace imposible. Porque si la ley no es clara, equilibrada, útil y justa, cualquier intento de aplicarla al caso se convierte en un pandemonium. Me huele a que ésta es una de las causas principales del desentendimiento entre el Gobierno (legislador) y las empresas que dicen querer seguir trabajando en Bolivia, pero en condiciones de seguridad jurídica y recíproco tratamiento respetuoso.

*José Gramunt
es sacerdote jesuita y director de ANF.