La odiada capitalización
Juan L. Cariaga*

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El reciente requerimiento de YPFB, por lograr un crédito de 180 millones de dólares del Banco Central, con el propósito de cubrir sus gastos administrativos, nos muestra lo difícil que es para el Estado boliviano lograr recursos de inversión, especialmente después de la nacionalización.

Es por esta razón y no por otra que, durante los años de 1990, el Gobierno de Bolivia se embarcó en el proceso de capitalización, pues YPFB requería de más de tres mil millones de dólares para descubrir y desarrollar los tan mentados 53 tpc de reservas gas; ENDE necesitaba de otros cientos de millones de dólares para adquirir plantas termoeléctricas de última generación destinadas a evitar cortes de energía en los próximos 20 años y ENTEL requería de una cifra similar tanto para desarrollar la red de fibra óptica, como para abaratar las llamadas de larga distancia nacional e internacional y hacer posible la expansión de la telefonía celular en todo el país.

Gracias a esto, Bolivia se convirtió en el segundo país más importante del subcontinente en reservas de gas; en un país que cuenta con más de 35 por ciento de excedentes de energía eléctrica y que pasó de ser uno de los países más atrasados del mundo en materia de telecomunicaciones, a uno de los más competitivos de la región.

Sin embargo, a diferencia de lo que cree la mayor parte de la población, la capitalización no es un concepto o una práctica neoliberal. Es algo que las empresas del sector privado lo hacen todos los días en Europa, Asia, Norte y Sudamérica, e incluso en Venezuela y Bolivia donde, estoy seguro, las grandes empresas lo han hecho permanentemente. La razón es la siguiente: cuando el capital de la empresa es muy pequeño y se desea ampliar la producción o las operaciones, hay que buscar uno o varios socios o recurrir a la bolsa de valores.

Pero lo novedoso en Bolivia fue el utilizar esta práctica de negocios en las empresas públicas, cuando, justamente, no había forma de que el Estado aporte mayores recursos de capital a sus empresas. Tampoco podía hacerlo con la ayuda de la pequeña banca privada boliviana o la banca internacional, a la cual Bolivia no tiene acceso: la asistencia de los organismos financieros internacionales, que ya no otorgan recursos para este propósito, o a la Bolsa Boliviana de Valores, que era totalmente inexistente en esa época. La única opción realista de hacerlo era a través de la participación de inversionistas extranjeros, que estuvieran dispuestos a conformar una sociedad con los ciudadanos bolivianos, a quienes se les había transferido las acciones del Estado.

No se trata aquí de evaluar lo que hicieron bien o lo que no hicieron los socios extranjeros durante la capitalización. Para eso están las varias superintendencias sectoriales, la de Valores, Seguros y Pensiones, la Superintendencia de Empresas. El Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República, que debieron haber fiscalizado la capitalización de estas empresas. En última instancia, también están los directores que representaron a las acciones de los bolivianos y que tienen responsabilidades civiles y penales, de acuerdo con el Código de Comercio.

De lo que se trata es de reconocer que, más allá de los odios políticos y de las ideologías, la capi- talización fue efectiva en atraer inversiones a un país que, como Bolivia, no puede darse el lujo de administrar empresas públicas, cuando no tiene los recursos suficientes para hacerlo. Y que cuando lo hizo, tal como fue durante los años de 1980, nos llevó al proceso de hiperinflación.

Por otro lado, para ver esta misma realidad, basta con visitar algunos países centroamericanos, donde, por esta misma causa, existen frecuentes apagones de luz, cortes permanentes de agua o se tiene que pagar enormes sumas para conseguir un teléfono o trasladar una línea telefónica. Está demás decir que, en estos países, las empresas públicas, al igual que en Bolivia, se convirtieron en un botín de corrupción para todos los gobiernos de turno.

A veces creo que los bolivianos no sabemos valorar lo que tenemos en el país. Frecuentemente, nos ciegan los odios políticos y la politiquería. Que ha habido errores y abusos en la capitalización, no lo dudo. Pero es ahí donde debemos sancionar a quienes no cumplieron con su obligación de fiscalizar a estas empresas, léase Poder Ejecutivo, Con- traloría, superintendencias y directores, y a los políticos que, en vez de leer la verdadera realidad del mundo y del país, nos embarcan en permanentes posiciones extremas, que terminan dañando más a los bolivianos que ayudando a que el país aumente sus niveles de inversión. Como bien sabe cualquier alumno de primer año de economía, el único factor que permite el crecimiento de la producción y la creación de empleo es la inversión.

*Juan L. Cariaga
es economista y escritor.