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Era la primera señal de la verticalidad y rigidez con que obraría el Gobierno al detectar irregularidades en la administración del Estado, así éstas fueran sólo indicios. Y así se fueron sucediendo otras muestras de tal actitud, en los primeros meses.

A principios de abril, el Gobierno estuvo a punto de destituir al viceministro de Presupuesto, Óscar Montaño, por emitir declaraciones contrarias en el tema del incremento salarial.

El 7 de abril una orden fiscal ordenaba la detención del flamante embajador de Bolivia en Japón, Héctor Ticona. Al día siguiente, el presidente Morales canceló el nombramiento de Ticona, por los supuestos actos de corrupción que pesaban sobre él cuando trabajaba en el Servicio Departamental de Caminos de La Paz. En la oportunidad, el Presidente señaló que su Gobierno “no perdona la corrupción”, y lamentó que Ticona hubiera “traicionado” la confianza que se le dio con el nombramiento.

El 18 de abril el Jefe de Estado instruye la suspensión de Gustavo Torrico, hombre de su confianza política, como jefe de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados. Torrico había pedido licencia para ser sometido a una investigación por tráfico de influencias y presunto abuso de poder.

El 20 de abril, el ex viceministro de Industrialización del Ministerio de Hidrocarburos, Claudio Justiniano, presentaba su renuncia al cargo. Días más tarde, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, reconoció la destitución de Justiniano por haber sostenido supuestas “oscuras relaciones con Petrobras y Transredes”. Justiniano, en su descargo, dijo que era sujeto de calumnias e intolerancia. El 22 de abril se conocía la noticia de que el ex viceministro de Telecomunicaciones, Jorge Estrella Ayala, había sido destituido por el Primer Mandatario y enviado a proceso judicial por estar acusado por la empresa Startel de cometer un supuesto acto de corrupción, al intentar extorsionar a los ejecutivos de la firma.

El 24 de abril, el cónsul de Bolivia en la ciudad de La Quiaca, Julio Vidangos, fue suspendido por la Cancillería por presuntas irregularidades en la otorgación de visas al país. El 12 de julio, el titular de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe), José Luis Gutiérrez, fue destituido tras 90 días en el cargo por supuestos malos manejos y actos indebidos e irregularidades.

Éstos son algunos de los casos en los que el Gobierno y, en particular, el Jefe de Estado actuó sin reparo alguno.

Sin embargo, cuando la Superintendencia de Hidrocarburos presenta un informe donde evidencia irregularidades en la firma de un contrato entre YPFB y la empresa Iberoamérica Trading SRL y desde el propio Poder Ejecutivo se emite el resultado de una auditoría que señala la violación de procedimientos e indicios de responsabilidad administrativa en contra del presidente de la estatal petrolera, Jorge Alvarado, aún existen titubeos.

A estas alturas y tras revisar el accionar del Gobierno frente, incluso, a casos menores, sólo cabe preguntarse ¿de qué privilegios goza el presidente de YPFB, Jorge Alvarado? La línea de conducta del Presidente ha sido clara y en el lamentable asunto de YPFB, el país espera que éste obre con absoluta convicción.