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Aunque el Vicepresidente no puso en duda el informe de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hidrocarburos, dijo que el Jefe de Estado sólo tomará en cuenta el informe de la Contraloría y la Fiscalía para decidir si ratifica o destituye al titular de la estatal petrolera.

“Para el tema administrativo habrá que esperar el informe de la Fiscalía”, precisó García Linera, quien reiteró en más de una ocasión que no hubo un daño económico al Estado por cuanto no se llegó a consumar el negocio entre YPFB e Iberoamérica.

Según la Superintendencia de Hidrocarburos, si se consumaba la exportación de crudo a Brasil, el daño económico al Estado hubiera alcanzado los $us 38,5 millones. Otra de las consideraciones era que el contrato violaba el artículo 2 del decreto de nacionalización. Ratificando esta resolución, la auditoría interna del Ministerio de Hidrocarburos entregó el lunes su informe y verificó que el contrato entre YPFB e Iberoamérica violaba el decreto de nacionalización, además de varias normas legales y administrativas. También encontró que el acuerdo no fue transparente y vulneró las leyes de Hidrocarburos y Safco.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, menoscabó la resolución de la Superintendencia de Hidrocarburos por considerarla poco prolija. El 21 de julio, la entidad reguladora rechazó la solicitud de la firma Iberoamérica Trading SRL para la exportación de 2.000 barriles diarios de petróleo a Brasil.

Para Quintana, el informe del Ministerio de Hidrocarburos no está señalando directamente la responsabilidad del principal ejecutivo de YPFB. “Aquí pudo haberse cometido una serie de errores y desaciertos, y esta aparente ‘mano blanda’ sobre la presidencia de YPFB, tiene que ver más bien con una determinación ligada a los informes”.

Quintana añadió que el Mandatario “no quiere tomar una decisión errada sobre la base de datos que no correspondan a la realidad”, por lo que pidió “un poco de paciencia” hasta que concluyan las investigaciones que están en curso en la Fiscalía de Distrito y la Contraloría.

Aclaró que esta posición no debe ser entendida como una actitud contemplativa y añadió que el Gobierno no está dispuesto a “tolerar prácticas de corrupción, tráfico de influencias o malos manejos administrativos”.

No obstante, dijo que el Presidente tiene la potestad “de tomarse el tiempo prudente para ratificar o avalar la continuidad o retirar a los funcionarios que no estén cumpliendo adecuadamente sus funciones”.

Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, defendió el informe de auditoría interna presentado por su despacho y negó que el Gobierno esté protegiendo a Alvarado. “Se ha seguido un proceso legal estricto. Es decir, lo que ha hecho la auditoría es emitir un modelo de informe tan objetivo y tan ecuánime del que estoy muy satisfecho, por lo que en absoluto no hay protección a nadie”, precisó. Este lunes, Soliz presentó los resultados de la auditoría que se realizó al contrato firmado entre YPFB e Iberoamérica. El documento da cuenta que se vulneró el decreto de nacionalización y que en la firma del contrato se cometieron varias irregularidades.

Mientras la tormenta política se desataba en la sede de gobierno, Alvarado viajó a Estados Unidos a negociar un crédito para la ampliación del gasoducto al altiplano. No hizo declaraciones.

Entretanto, la Contraloría anunció que en estos días entregará su informe. En la Fiscalía también empezaron a declarar los funcionarios de YPFB. El primero en ser convocado fue el vicepresidente Nelson Cabrera. Alvarado lo hará la próxima semana.

Posiciones diferentes en el oficialismo

En el MAS hay dos sectores que tienen una visión diferente sobre este caso. Están los que apoyan a Alvarado y los que mantienen distancia.

A favor de Alvarado

El Presidente dijo en varias ocasiones que Jorge Alvarado no cometió “actos de corrupción”. Indicó que esperará el informe de la Fiscalía y la Contraloría para decidir.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sostuvo que el informe de Hidrocarburos no señala directamente la responsabilidad del principal ejecutivo de la estatal.

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, señaló que el Presidente esperará a que Alvarado presente sus descargos para tomar una decisión al respecto.

El diputado Gustavo Torrico (MAS) precisó que Alvarado debe continuar en su cargo. “Confío que demostrará que en lo que hizo no hubo mala fe. Cuenta con apoyo del MAS”.

En contra de Alvarado

El titular de Hidrocarburos, Andrés Soliz, indicó que la auditoría determinó indicios de responsabilidad y que el Mandatario debe decidir el futuro de Jorge Alvarado.

Julio Gómez, viceministro de Exploración del Ministerio de Hidrocarburos, fue el primero en advertir que el contrato con Iberoamérica violaba la nacionalización.

El súper de Hidrocarburos, Víctor H. Sáinz, acusó a Alvarado de contratar a una intermediaria para exportar crudo a Brasil. Dijo que el contrato era lesivo para el Estado.

El diputado René Ramos acusó a Alvarado de rodearse de gente involucrada en hechos de corrupción. Identificó al ex asesor de YPFB Eduardo Baldivieso Bascopé.