Industrialización no rentable
Armando Méndez Morales

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Todos quedamos sorprendidos cuando el Gobierno declaró que había logrado incrementar los ingresos netos en favor del Estado, de los magros 18 millones de dólares por año que habrían sido los esperados por el Gobierno anterior, a la impresionante cifra de 200 millones de dólares, igualmente por año. De principio, se sabía que las regalías por la explotación del hierro del Mutún serían bajas, porque así se intuye que permite el actual Código de Minería.

Gracias a una acuciosa investigación de Roberto Laserna se ha puesto el clavo al preacuerdo del Gobierno con la empresa hindú ´Jindal Steel & Power´, acuerdo que tiene que traducirse en un contrato que deberá ser aprobado por el Congreso Nacional, en cumplimiento a normas constitucionales.

El Gobierno ha declarado que el Estado recibirá el 50 por ciento de las utilidades del negocio, sin precisar desde cuándo, y sin decir —según Laserna— que esto implica simultáneamente que la empresa recibirá diariamente 7 a 10 millones de metros cúbicos de gas natural a un precio de $us 2,5 por millón de BTU, la mitad del precio que se estaría cobrando por la exportación de gas a la República Argentina, lo que representaría un monto entre 230 a 330 millones de dólares o, en promedio, un subsidio del 40 por ciento mayor que el ingreso total que el Estado obtendría. Es decir, por un lado recibiría 100 pero por el otro lado el Gobierno dejaría de percibir 140. ¿Qué tipo de negocio es éste? ¿Dónde está el beneficio? El argumento que tendría el Gobierno para hacer esto es que hay una ley de fomento a la industrialización en el país que determina el derecho a tener un ´precio de exportación de estampilla del gas boliviano´.

Hay algunas personas que creen que son ellos los únicos que piensan que el país se debe industrializar. Alguien medianamente instruido en desarrollo económico sabe que la industrialización es un proceso, por supuesto deseable, proceso en el cual América Latina está bregando desde hace un siglo. El problema es que la industrialización no se efectúa porque a algún iluminado, que temporalmente toma el Gobierno, se le ocurre, ni tampoco se puede llevar a cabo a cualquier costo, porque en este caso los únicos perjudicados son el pueblo. La relación beneficio costo es fundamental. Si se ha de hacer industrias sobre la base de subsidios, quiere decir que los recursos que se destinen a este fin tienen que ser a expensas de reducir los recursos destinados al consumo del pueblo o a otras inversiones más rentables.

La producción de gas que se entregará a Jindal será a expensas de menores ingresos para las regiones, porque dejarán de recibir regalías y el impuesto a hidrocarburos. ¿Quién gana? Una transnacional y los pobladores de Puerto Suárez que se beneficiarán con supuestos 6.700 empleos. El país subsidia a una región. Uno gana y todos los demás pierden.

Por otro lado, Carlos D’Arlach nos informa que Bolivia tiene ya comprometidas el uso de 28,7 TCF de gas, sin tomar en cuenta este otro voluminoso compromiso para el Mutún, cuando las reservas probadas certificadas al 1 de enero de 2005 indican que sólo se dispone de 26,7 TCF. Sin mayor exploración, primero, el país ya no estará en condiciones de atender sus compromisos de venta ya adquiridos. Sería menos racional desviar comercio a precio subvencionado, más racional es seguir exportando gas.

*Armando Méndez
es economista.