• EN EL CONGRESO • Sandra Yáñez y Gustavo Ugarte explicaron el jueves los motivos para la presentación de la demanda.

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

En el caso de UN y Podemos, la dirigencia de ambos partidos instruyeron a su parlamentarios retirar la demanda. Incluso, la dirigencia de Podemos no descarta la posibilidad de separar de sus filas a Yáñez por presentar un recurso sin la consulta del partido.

Jorge Quiroga, jefe nacional de esta tienda política, dijo que Yáñez presentó la demanda a título personal y, para contrarrestar las acusaciones del Poder Ejecutivo, planteó elevar a ley el decreto de nacionalización, para reforzar y garantizar este proceso.

“Me extraña de sobremanera que (una diputada) trabaje con parlamentarios de otras tiendas políticas (...) y pero aún cuando se muestra que hay abogados que trabajarían para Transredes. Si los vividores de Transredes quieren recursos, que hagan sus recursos, pero jamás debemos prestarnos a estas cosas”, sentenció.

La vocera de Tribunal Constitucional, Martha Rojas, informó que, “por procedimiento, nosotros debemos esperar la llegada del original de este memorial” para dejar sin efecto la demanda en contra de la nacionalización de los hidrocarburos.

El recurso directo de constitucionalidad había sido interpuesto por los diputados Sandra Yáñez, Gary Pereira y Gustavo Ugarte, quienes argumentaban que cinco artículos del decreto de la nacionalización vulneraban otros nueve de la Constitución Política del Estado (CPE).

Entre otros argumentos, los diputados sostenían que dichos artículos del decreto vulneraban el derecho a la propiedad privada y la garantía a la seguridad jurídica, al transferir las acciones de los bolivianos a título gratuito a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Dentro de los fundamentos jurídicos más importantes, señalaban que la norma de la nacionalización desconocía las atribuciones del Poder Legislativo, lesionaba el derecho a la seguridad social de los bolivianos que son titulares del Fondo de Capitalización Colectiva y no preveía la manera de cubrir los aportes para el pago del Bonosol.

Rojas explicó que éste no es el primer caso de retiro de una demanda y que se trata de una decisión voluntaria. También dijo desconocer los motivos de la decisión de los parlamentarios.

Los recurrentes, en el último párrafo del fax que enviaron al Tribunal, solicitan que se considere como “no presentada” su demanda, pero la magistrada Rojas, al ser consultada por La Razón, indicó que “queda el antecedente pero se procede al archivo de obrados una vez que se acepta el retiro o el desistimiento”.

Por su parte, el vicepresidente Alvaro García Linera calificó como una “triquiñuela” la iniciativa de los opositores porque “busca corregir la barbaridad que hicieron” al presentar esta demanda. Redacción Central y Redacción Sucre