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El presidente de la República, Evo Morales, actuó en consecuencia y lo hizo como todos esperaban. Ayer, y aunque se tomó el tiempo para reunir los elementos que le permitan adoptar una decisión, finalmente ésta llegó. El Jefe de Estado asumió dos determinaciones importantes y concluyentes: alejar a Jorge Alvarado de la presidencia de YPFB y fortalecer el proceso de nacionalización de los hidrocarburos.

La primera determinación es tomada, según el Mandatario, luego de la revisión de dos informes en particular. Aquel que emitiera la auditoría interna del Ministerio de Hidrocarburos y, por otro lado, el informe especial de la Contraloría General de la República. En ambos se coincidió en la responsabilidad administrativa en la que incurrió Alvarado y en la violación de disposiciones legales, incluido el decreto de nacionalización, en la firma del contrato entre YPFB y la empresa Iberoamérica Trading SRL. Es decir, sin mayor rimbombancia, en la existencia de evidencias de irregularidades.

Y aunque el Presidente obvió, deliberadamente o no, el primer informe de la Superintendencia de Hidrocarburos, fue ésta la que alertó valientemente de la existencia de aquel contrato que hubiese afectado a los intereses del Estado nacional y que estuvo a punto de perjudicar y echar sombra al proceso de nacionalización, y que, de no haberse tomado la determinación de ayer, amenazaba con machar la investidura presidencial.

La determinación de alejar a un colaborador de tantos años como Jorge Alvarado no fue sencilla para el gobernante, más cuando aseguró, hasta el último minuto, que considera a éste como “incorruptible”. Alvarado fue uno de los compañeros de lucha y, es probable, un leal militante de la causa de Morales.

Empero, el Jefe de Estado ha enviado la señal de que el proyecto de nacionalización de los hidrocarburos —que quizá sea la huella indeleble de su paso por la historia— está por encima de todo y es más importante que viejas amistades y lealtades.

Con esa determinación, Morales posesionó al nuevo presidente de YPFB, cargo que recayó en el que fuera vicepresidente de Contratos y Operaciones de la estatal petrolera, Juan Carlos Ortiz Banzer, quien se identificó como convencido militante del proceso de nacionalización y admirador de la obra histórica de las primeras generaciones que lograron la recuperación de los hidrocarburos a favor del Estado en 1936. Es decir, un hombre que comulga absolutamente con el proceso.

En medio de este cambio, el Ministro de Hidrocarburos posesionó a dos autoridades más del área. Al nuevo superintendente interno del sector, Santiago Berríos, y al viceministro de Exploración y Producción, Guillermo Arequipa.

Dichos cambios parecen la manifestación de la decisión de fortalecer el proceso de nacionalización, ante la evidencia de que la recuperación de los hidrocarburos se había convertido en un proceso complejo que amenazaba con desplomarse.

Asumidas estas decisiones de primera importancia, se espera que sus resultados se manifiesten en el fortalecimiento de la estatal petrolera y en el proceso de nacionalización, pero fundamentalmente en Bolivia, que el 1 de mayo señaló el camino que quiere transitar para beneficio del pueblo, y en cuya misión no puede permitirse tropezar.