¿Quién pagará los platos rotos?
Marcelo Ostria Trigo*

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Esta columna se publica cada dos sábados. Entre una y otra publicación, frecuentemente se producen acontecimientos dignos de ser comentados. Estas dos semanas no han sido la excepción, puesto que no solamente se han producido los habituales paros, demandas disparatadas y bloqueos salvajes, como el reciente de Copacabana, lo que es parte de nuestra característica nacional. Pero lo que ha venido sucediendo es más grave. Es que no solamente se trata del deterioro de la confianza en el país, sino que son públicos los aprestos que hacen presagiar malos momentos para la República.

Cada día es más perceptible que en Bolivia las leyes no se respetan. Y no es que sean sólo los ciudadanos los que nos las cumplen, sino que el propio Gobierno las viola con afanes sectarios. Esto sucede, por ejemplo, con la pretensión de forzar, con vigilias amenazantes, para que la balbuceante Asamblea Constituyente viole la ley que los parlamentarios aprobaron. Frecuentemente se afirma que “hecha la ley, hecha la trampa”, y vaya que el oficialismo se esfuerza de hacer trampa para la ley que propició.

Pero es más: se desatan acusaciones no sólo contra organizaciones nacionales como las prefecturas, la empresa privada, las compañías petroleras, algunos medios de comunicación, partidos políticos, comités cívicos, etc., etc., sino que se sindica, como presunto conspirador, al mandatario del país al que el vicepresidente boliviano va a pedirle una mejora en las relaciones bilaterales y que así nos exima de impuestos aduaneros para nuestros productos.

En un estado democrático hay discrepancias con el régimen imperante. Eso es respetable pues frecuentemente caracteriza una corriente de oposición —no siempre representada por un partido— que representa el sentimiento de una parte de la ciudadanía. Eso no es conspiración. Por eso es inadmisible la acusación, sin pruebas, de la comisión de un delito —la conspiración para lograr el cambio inconstitucional de un Gobierno lo es—, peor aun cuando la acusación proviene de un Jefe de Estado.

Y, para colmo, se anuncia que pretendidos “comités cívicos” paralelos bloquearán una región, para obligar a ésta a no insistir en una posición legítima, como la de exigir el respeto a la norma jurídica, en este caso de la ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente.

Es más: se cambian arbitrariamente reglas del juego y así se capta adversarios que, seguramente, con un tratamiento más considerado y equitativo seguirían en el país con una actitud positiva. Ahora, hasta Petrobras del Brasil, cuyo gobierno inicialmente proclamó simpatías por el nuevo régimen boliviano, está sorprendido, molesto y probablemente frustrado, ante la demasía de un cambio de reglas —unilateral fue llamado por la empresa— y anuncia medidas que pueden llevar a Bolivia a un tribunal internacional.

Lo anterior parecería que no tendría consecuencias. Se puede conjurar la violencia, se puede persuadir a que se abandone la imposición, pero las acciones de fuerza, la amenaza, los bloqueos, las violaciones de la ley, las medidas inconsultas y precipitadas, dañarán la economía. Si se sigue con esta conducta equivocada, se perjudicará seriamente al país. Decir esto no es conspirar, es preguntar: ¿Quién va a pagar los platos rotos a la hora de las cuentas?

*Marcelo Ostria T.
es abogado y diplomático.