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Los únicos datos que se conocen indican que se abrogaría la actual ley de pensiones, que data de noviembre de 1996; que se reduciría la edad de jubilación en 10 años y que se sustituirían las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por un Fondo Nacional de Pensiones (Fonape).

En realidad, es muy poco para saber lo que se pretende hacer, aunque suficiente para darse la idea de que lo que estaría en ciernes es un cambio total del régimen de jubilaciones, pero con claras nociones de que más se está yendo a la forma que al fondo, que es donde residen las mayores interrogantes de lo que se hará.

La falencia principal del sistema de reparto que rigió hasta 1996 fueron los aportes de los contribuyentes al régimen. Para sostener un jubilado se necesitaban los aportes de 10 trabajadores activos, pero el deterioro del empleo, la evasión de aportes y la costosa y mala administración redujeron esta ecuación a lo mínimo. Esta y otras varias circunstancias determinaron la quiebra del mismo. Aunque en este punto hay algunas personas que quieren ignorar tal realidad, los expertos en seguridad social coinciden unánimemente en ese diagnóstico.

Sería inaceptable que al nuevo régimen jubilatorio se trate de sustentarlo con la disponibilidad de recursos administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y, a la vez, se deje de considerar la situación de los nuevos jubilados, que al 31 de julio totalizaban 6.878. Además, que se ponga en riesgo los aportes de los registrados en el actual Seguro Social Obligatorio (SOS), que asciende a la respetable suma de 14 mil millones de bolivianos, equivalentes a 2.155.7 millones de dólares, pertenecientes a 958.310 afiliados.

El número de los afiliados al antiguo sistema de reparto, pese a que fue puesto en vigencia en 1956, fue de poco más de 300.000 personas. En comparación, el actual sistema, que sólo cuenta con nueve años de vigencia, triplicó la cantidad de afiliados, lo que podría decir mucho a favor de su conveniencia y seguridad.

En todo caso, lo que tiene que esperarse es que el régimen de pensiones que se proyecta sea mejor que el actual, únicamente de esta forma se podría justificar el cambio. Sería un error fatal que se haga una modificación basada en motivaciones ajenas a un detenido estudio actuarial, a la seriedad y a la racionalidad que exige una cuestión de tanta trascendencia y que involucra a miles de personas en el país.

Una de las posibilidades en que descansa el sistema de Capitalización Individual es que, por el volumen de los recursos recaudados, estuvo en condiciones de efectuar inversiones, por medio de la Bolsa de Valores y la aceptación de los bonos fiscales, lo que dio una rentabilidad que en su mejor momento ascendió a más del 10% y en la actualidad es casi del 6%. Esto dio como margen una utilidad de 300 millones de dólares en los nueve años de su funcionamiento. Tal ingreso fue a incrementar el volumen de los aportes de los afiliados al SOS. ¿Podrá hacerse algo igual?