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Esta labor va contra el tiempo, puesto que los nuevos contratos de operación deben estar firmados, como máximo hasta el 1ro de noviembre. La semana empieza con la primera reunión de negociación con la petrolera Andina SA (capitalizada), cuya socia mayoritaria es la empresa hispano-argentina Repsol YPF.

Las negociaciones podrían tomar un matiz diferente, puesto que el Gobierno anunció que sería más tolerante y que se abriría más a la negociación, luego del choque que tuvo con Petrobras por la resolución ministerial que sacaba a la empresa brasileña del negocio de refinación.

Por su parte, el portavoz del presidente Evo Morales, Álex Contreras, en una entrevista con Radio Panamericana, señaló que la nacionalización es irreversible y aseguró que continuará hacia adelante, por lo que el fin de semana —dijo— el nuevo ministro Villegas se reunió con su equipo para ajustar los mecanismos internos y continuar con las negociaciones esta semana.

Carlos Villegas ya fue parte del equipo negociador con las petroleras cuando tenía el cargo de ministro de Planificación del Desarrollo. En su nueva cartera anunció una postura y un espíritu amplio.

Esta semana continúan las negociaciones con las empresas petroleras, empezando con la capitalizada Andina (lunes y martes). Luego están programadas las reuniones con Total el 20 y 21, y con y BG el 22 y 23. Los próximos encuentros serán nuevamente con Andina (Repsol), Petrobras Energía, Vintage Petroleum y Mat Petrol.

   Nacionalización sin orden

Para el ex ministro de Justicia Carlos Alarcón, el proceso de nacionalización está trayendo problemas, debido a que fue hecha de forma muy desordenada, sobre todo en lo que se refiere al aspecto normativo.

Indica que el decreto de nacionalización tiene contradicciones con la actual Ley de Hidrocarburos (3058), en el tema de los contratos. Además, observa que aún están vigentes los reglamentos de la ley del anterior gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. En este contexto, Alarcón sostiene que, antes de lanzar la nacionalización, el Gobierno debería haberse ordenado normativamente, realizando cambios en la ley actual, creando sus respectivos reglamentos con las bases correspondientes para la firma de los nuevos contratos.

Considera que la nacionalización fue lanzada a las patadas, por lo que no se está dando una buena señal de seriedad, eficiencia y responsabilidad.