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El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, anunció que existen comisiones de trabajo, donde participan los cocaleros del trópico de Cochabamba, responsables de analizar esta propuesta. Se espera definirla hasta fin de año, en el marco de la nueva política de la coca.

Sin embargo, el objetivo es legalizar a través de una norma las 3.200 hectáreas que logró la dirigencia cocalera del Chapare, a través del cato, desde un acuerdo firmado el 2004 con el gobierno de Carlos Mesa, aunque, dijo, “esa extensión podría incrementarse o también se podría reducir”.

La Ley 1008, vigente hasta el momento, señala que sólo 12 mil hectáreas ubicadas en la zona tradicional de los Yungas son legales, mientras que el resto es excedente y está sujeto a erradicación. El viceministro Cáceres consideró que esta percepción debe cambiar en la Ley 1008 pues es contradictoria porque “la coca no puede ser en una zona cocaína y en otra no”.

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre estos cultivos en Bolivia da cuenta que hasta el 2005 existía 7.000 hectáreas en el Chapare y 18.100 en los Yungas de La Paz.

Con las 3.200 hectáreas de coca se llegaría a más de 15.000 has. “Ése sería el número de hectáreas que se podría arrancar, legalizarlo para que también la comunidad internacional entienda los problemas de pobreza de los países productores (de coca)”, dijo.

Además, con esta posición el Ejecutivo desafía nuevamente al Gobierno de Estados Unidos, que le dio seis meses para eliminar el cato, el tercer mercado de la coca y su libre comercialización, para no someterse a la descertificación.

Cáceres anunció que la propuesta tendrá el respaldo de una ley de control social que evitará la siembra de cultivos adicionales a los que se establecerán.

“Si hay nuevas plantaciones va a haber una primera y segunda amonestación (al infractor), y si reincide, sus tierras (de cultivo) serán revertidas al Estado”, reveló la autoridad a este medio.