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Se halla suficientemente admitido que de las urnas ha emergido un mandato popular histórico, en sentido de que el país acepta que requiere de un cambio y lo impulsa, de una renovación en sus modos de hacer política y esencialmente de eliminar la falta de equidad y las injusticias. Por tanto, la ciudadanía mayoritaria que votó por estas transformaciones está aún a la espera de recibir las pruebas de que se está actuando en tal sentido. Necesita, entonces, que se le otorgue la confianza de que sus esperanzas no serán defraudadas.

Por ello y por el hecho de que aquellos pronunciamientos y sentimientos nacionales se registraron avalados por el sistema democrático, a través de elecciones populares, tiene que reconocerse que no se puede conducir el proceso de cambio por la fuerza, debido a que le resta la legitimidad ganada.

En buenas cuentas, el Movimiento al Socialismo (MAS), al actuar de manera unilateral, está desconociendo que el país es diverso, que existe otra porción poblacional, en número igual a la que le apoyó, que difiere de pensamiento. Por tanto, lo atinado es conciliar posiciones para plasmar consensos que honren a unos y otros. Así, todos ganarán y nadie se sentirá perdedor.

Aunque el MAS logró incrementar su votación en la Asamblea Constituyente, con el acuerdo al que arribó con una parte de los partidos “chicos”, de todos modos no reúne los dos tercios de votos que exige la Ley Especial de Convocatoria a la Constituyente para tomar decisiones por simple mayoría, por más dominante que ésta fuere.

En consecuencia, así como tiene la habilidad política de ampliar su votación, de planear estrategias políticas arrolladoras, de la misma forma el MAS debe asumir la responsabilidad de responder a la totalidad de las expectativas del país. En este sentido, le corresponde también atender las demandas de las representaciones cívicas, regionales y de las minorías políticas acreditadas en la Asamblea, de lo contrario ciertamente puede imponerse en las votaciones simples, pero no contará con el apoyo de todos, que debe ser el requisito esencial de un cambio.

La decisión de declarar a la Constituyente como originaria y plenipotenciaria supondría incluso atribuirse el poder de estar por encima de los poderes constituidos, implicaría una violación de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea, la cual, en su artículo 3º, parágrafo tercero, dice: “La Asamblea Constituyente no interferirá el funcionamiento de los poderes constituidos, los que seguirán ejerciendo sus funciones constitucionales de manera sostenida”.

Los efectos de tal decisión pueden ser diversos. Podrían quedarse en lo puramente simbólico, pero también podrían dar lugar a una contraproducente inestabilidad política en el país.

Bolivia votó por un proceso de cambio e instituyó a la Asamblea Constituyente como su mejor instrumento. Pretender desfigurar aquello es echar por tierra el presente y futuro del país. Entonces, lo aconsejable en estos momentos cruciales es la búsqueda incansable del equilibrio y la racionalidad.