• LA CLÍNICA • En este centro médico cruceño se encuentran los tres heridos del enfrentamiento de Carrasco. La foto es de ayer.

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El dirigente de la Subcentral Icuna, Emilio Caero, aseguró que también asumieron esta decisión porque el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, los acusó de ser responsables de un enfrentamiento que dejó como saldo la muerte de dos personas y otras ocho heridas.

“El ministro me responsabilizó de los enfrentamientos. Me dijo voy a reforzar las (labores) de las fuerzas de tarea conjunta con los más especialistas”, denunció Caero a través de un contacto telefónico con La Razón.

El dirigente cocalero aseguró que no se dejarán amedrentar y anunció la disposición de su sector de defender sus cultivos de hoja de coca que, asegura, están contemplados en la Ley 1008, a diferencia de la coca excedentaria e ilegal de la zona del Chapare.

“Tenemos que defender nuestros cultivos con sangre o sin sangre”, sentenció y concluyó que la intención del Gobierno “es reducir la coca de Yungas de Mandiola para favorecer a sus bases cocaleras”.

El gobierno de Evo Morales está decidido a legalizar un total de 3.200 hectáreas de cultivos en el trópico cochabambino, a través de reformas a la ley antinarcóticos de 1994.

En Yungas de Mandiola, según Caero, existen aproximadamente 300 hectáreas de coca y cerca de 1.000 productores. “Al parecer, quieren que nos enfrentemos con los cocaleros del Chapare”, consideró y afirmó que sus compañeros sólo defendieron sus plantaciones de las fuerzas de tarea conjunta.

Esta defensa se la hizo con palos y hondas, pero la respuesta fue con armas de fuego, lamentó y negó que existan grupos de “narcotraficantes” tras la resistencia cocalera a la erradicación.

Caero informó que están pidiendo al Defensor del Pueblo y Derechos Humanos facilitar el traslado de médicos forenses hasta la zona del conflicto para determinar si la muerte se “debió a balines o balas”.

El cocalero y diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Astenio Romero anunció que la bancada masista pedirá un informe oral a los ministro de Defensa, Walker San Miguel, y de Gobierno, Alicia Muñoz, para recibir una explicación pormenorizada de las circunstancias de este enfrentamiento. El legislador, sin embargo, consideró que la coca de Yungas de Mandiola no está enmarcada en la Ley 1008, por lo que debe ser erradicada.

Por su parte, el dirigente del Chapare Julio Salazar señaló: “Estamos preocupados, pedimos a los hermanos de Mandiola que tomen conciencia, algunos compañeros tienen poca coca, en cambio otros tienen demasiado. Deben someterse a la reducción voluntaria. En Bolivia tenemos que entrar a esta regulación, para que no nos acuse la comunidad internacional”, advirtió.