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En ese contexto, prácticamente fue instituido, inclusive por encima de la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, el “cato de coca” —denominación que recibe la porción de tierra de cultivo de cocales que tiene una dimensión de 40 x 40 metros—. El cato de coca se le ha sido aceptado a cada afiliado de las 10 federaciones de cocaleros existentes en el país (seis en el Chapare de Cochabamba y cuatro en los Yungas de La Paz). En virtud a la nueva política, se ha creado inclusive un tercer mercado, el de Caranavi en el norte de La Paz; éste, igualmente, al margen de lo que dicta la Ley 1008.

La semana pasada terminó con un suceso lamentable en la zona de Pampa Amarilla, Chapare, donde se produjo un incidente entre campesinos y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), cobrando dos muertos y varios heridos de ambos bandos.

El asunto aún es confuso. Primero, porque el Gobierno aseguró que fue una emboscada alentada por narcotraficantes, mientras que los cocaleros de la zona afirman que fueron provocados a un enfrentamiento con la FTC; y, segundo, porque el Gobierno asegura que el incidente se produjo en momentos en que se erradicaba cocales en una zona ubicada dentro del Parque Nacional Carrasco —área protegida donde está prohibido el cultivo, según la Ley 1008—, mientras que los cocaleros dicen que la zona se halla en Yungas de Vandiola, reconocida como área de cultivo tradicional.

Este suceso permite plantear cuán contradictorio está el escenario de la política de la coca. Mientras la Ley 1008 es aplicada como corresponde, en este caso por tratarse de un Parque Nacional; para la creación de nuevos mercados y la legalización del cato de coca, la ley es superada por los acuerdos con los cocaleros.

¿Cuál es el riesgo que conlleva esta falta de claridad en el manejo de la política de la coca? El riesgo está vinculado a la relación que se sostiene con los cocaleros, tanto de Yungas como del Chapare, y a la probabilidad —no descartada— de que las demandas cada vez más crecientes de los productores de hoja de coca no puedan ser manejadas por el Gobierno, siendo éste rebasado.

A pesar de la vigencia de la Ley 1008, que establece el cultivo de sólo 12 mil hectáreas de coca legal, no se conoce con precisión cuánta coca se está produciendo. El último monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estableció, en total, la existencia de 25 mil 400 hectáreas de cultivos de coca en Bolivia; de los cuales, habrá que suponer que 13 mil 400 hectáreas son ilegales, si aplicamos la lógica de la Ley 1008.

El desarrollo de la política de la coca se debate en medio de contradicciones del Gobierno y las presiones de los cocaleros. Se presume que los productores de hoja de coca pretenden que el presidente Morales se afiance como líder del sector antes que como Jefe de Estado, y allí estará la disyuntiva del Mandatario. Por lo que toca, es de esperar que frente al panorama confuso que existe, el Gobierno emprenda la tarea de aclararlo y de hacer las modificaciones que correspondan a la Ley 1008, antes que seguir pasando por encima de ella.