• La presencia de la ley • Grupos policiales se hallan en el área del Parque Carrasco, en Cochabamba.

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Morales llegó hasta Lauca Ñ, en el Chapare, para reunirse con sus bases y explicar las causas de los enfrentamientos del viernes en Pampa Amarilla, que terminaron con la vida de dos colonos por heridas de bala.

La reunión se caracterizó por su reserva y duró más de cuatro horas. El vicepresidente de los cocaleros del Chapare, Severo Huanca, informó que confirmaron, con la explicación presidencial, que los muertos en predios del Parque Carrasco “no eran cocaleros”. A partir de este hecho, “las bases apoyarán la decisión de cero coca en el Parque Carrasco; además, nosotros mismos hemos comprobado que estos cultivos van al narcotráfico, pues no pueden llegar por la falta de caminos al mercado legal”.

El ejecutivo denunció que la coca existente en la zona de conflicto está destinada en un 99 por ciento a las labores ilícitas del narcotráfico. En este marco, están decididos a eliminar los cultivos del Parque Carrasco y a entrar en un proceso de racionalización en Yungas de Vandiola.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Miguel Vásquez, dijo que desde agosto se destruyó en la zona 15 fábricas de droga, 22 pozas de maceración, 10 kilos de cocaína y 9.000 libras de coca ilegal.

Un informe de Naciones Unidas da cuenta que al 2005 existían 781 hectáreas de coca en el Parque Carrasco, mientras que en las áreas protegidas de Isiboro Sécure hay 1.161 y en el Madidi 10 hectáreas de cultivos de coca.

El vocero del Palacio de Gobierno, Álex Contreras, informó que si los cocaleros de Vandiola aceptan en la reunión de este martes ingresar a una reducción voluntaria, “no habrá necesidad de utilizar la fuerza”, y no descartó que narcotraficantes colombianos estén operando en la zona.

El Presidente, paralelamente a su decisión de erradicar en las áreas protegidas, se comprometió a respetar el cato de coca (40x40 metros), aunque los cocaleros aseguran que se impondrá esta extensión “con convenio o sin convenio” con el Gobierno.

Los dirigentes de Yungas de Vandiola, Emilio Caero, Santos Miranda y Arnulfo Morales, denunciaron que el Gobierno intenta erradicar plantaciones reconocidas por la Ley 1008 y por certificaciones del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible.

Se certificó, dijeron, “que las comunidades de Icuna y Pata Icuna son asentamientos antiguos aproximadamente antes de la promulgación de la Reforma Agraria de 1952, donde existen chacos o parcelas con frutales o plantaciones de coca y otras”.

El Sernap anunció que realizará un nuevo relevamiento de datos para establecer la cantidad de coca en las zonas defendidas por más de 1.700 colonos.

El dirigente Nicanor Churata denunció que fuerzas militares hostigan a los lugareños.

Los cocaleros del Chapare anunciaron que se reunirán el 7 de octubre en Shinahota para “repudiar” un informe de EEUU, que cuestionó la erradicación y el establecimiento del cato de coca. Redacción central y Cochabamba

La coca ilegal está en las reservas

Las zonas de producción de coca legal se encuentran demarcadas en la Ley 1008 y en la disposición legal que habilita el cato de coca, 3.200 hectáreas, en el Chapare, aseguró el viceministro de la Coca, Félix Barra.

La lectura del Gobierno centra el cultivo ilegal en los parques nacionales Carrasco, Isiboro Sécure y Madidi, donde existen, al 2005, un total de 2.392 hectáreas de coca, según un informe de Naciones Unidas.

El presidente Evo Morales instruyó la erradicación en las áreas protegidas con un primer enfrentamiento en Carrasco, atribuido por el Gobierno al narcotráfico, con el saldo de dos muertos y varios heridos.

Barra aseguró que el haber legalizado el cato de coca en el gobierno de Carlos Mesa fue una lucha de varios años en la que se perdieron vidas de un número importante de productores cocaleros del Chapare.