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El dirigente de la Subcentral Icuna, Emilio Caero, quien llegó a La Paz acompañado de dirigentes de Machiyungas y Arepucho, explicó que las plantaciones cocaleras de esta región son legales y deben tener un trato diferente al que se le concede a la producción “ilegal y excedentaria del Chapare”.

El dirigente del Chapare Julio Salazar señaló que “no es justo que Vandiola tenga una hectárea por afiliado. Son zona tradicional, cierto, pero tienen que entrar en la lógica de la racionalización. Que tengan incluso hasta dos catos por afiliado, pero no más”. El dirigente aseguró, empero, que no será necesario el uso de la fuerza en el lugar.

A diferencia del trópico cochabambino, donde existen más de 40 mil afiliados, en los valles de Vandiola sólo existen 600 afiliados que son originarios y no nuevos colonos, como asegura insistentemente el Gobierno para justificar su intervención en predios protegidos por la ley, dijo.

Caero explicó que los cultivos no necesariamente llegarían a las 600 hectáreas. Existe la propuesta de subir a un máximo de 500 las aproximadamente 300 hectáreas existentes en este momento.

El gobierno de Evo Morales no comparte esta posición y, por el contrario, plantea llegar a un cato de coca en las zonas antiguas de cultivo de los valles de Vandiola y eliminar completamente los sembradíos del 2004 al 2006.

Estas diferencias provocaron un estancamiento en el diálogo entre los productores cocaleros y el Gobierno. El martes, después de una reunión de más de cuatro horas, se declaró un cuarto intermedio de 15 días.

Caero informó que se recurrirá al Defensor del Pueblo y a Derechos Humanos para que medien en la solución de este conflicto, que permanece latente y con la amenaza de mayores enfrentamientos si se reanuda la erradicación de cocales.