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La situación de choque en la que se debaten los dos sectores de la minería boliviana no sólo es producto del auge del sector por efecto de la subida de los precios de los metales en los mercados internacionales, sino de la ausencia de definición del Gobierno respecto de la política minera nacional.

En este tema, el Gobierno tiene lamentablemente un grueso error, al identificarse y comprometerse política y militantemente con una parte del sector minero como es la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) que, incluso, impuso a uno de sus afiliados al Ministerio de Minería.

Producto del embargo de la independencia de decisión del Gobierno respecto de la política minera, es que la gestión de Morales comete una incoherencia al marginar al actor fundamental del sindicalismo nacional, como son los mineros asalariados.

Desde el principio de la gestión gubernamental, el ministro de Minería, Wálter Villarroel, como era de esperar, no demostró la suficiente ecuanimidad para tomar decisiones respecto de la política minera. Estuvo pateando el tablero sobre la reactivación del sector y la refundación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), generando así incertidumbre en los mineros asalariados y falsas expectativas entre los cooperativistas.

El ministro Villarroel no aportó a la solución del problema y, por el contrario, fue parte de éste. Inclusive, en sus primeras declaraciones tras el estallido de la violencia en Huanuni, no tuvo la capacidad de reconocer sus errores y menos de adoptar una postura neutral, intentando confundir el mensaje, en busca de un chivo expiatorio que justifique la incapacidad de su despacho para llevar a buen juicio al sector minero.

En ese sentido, y ante la gravedad de los acontecimientos, existen demasiadas dudas sobre el liderazgo del titular del Ministerio de Minería para encarar la mentada reactivación del sector, más si en lugar de encontrar un punto de conciliación entre las partes en conflicto, las confronta permanentemente. Lo paradójico, es que el sector minero se constituye hoy en el de mayor crecimiento de la economía y el que más empleo está generando, a pesar de la falta de una perspectiva definida.

Frente a la realidad descarnada que produjo el enfrentamiento en Huanuni, el Gobierno tiene la responsabilidad de pacificar el distrito minero y buscar una solución salomónica en el sector, donde se pueda alcanzar un acuerdo satisfactorio libre de presiones, tanto para los mineros asalariados como para los cooperativistas. Es hora de asumir que la minería requiere del impulso decidido del Gobierno, sin compromisos mayores a los que el momento económico y social convocan.

De lo contrario, se pone en grave riesgo la estabilidad social del país, que bien podría desencadenar en una sucesiva de conflictos difíciles de contener.